En un movimiento clave para captar parte de los USD 250.000 millones en ahorros no declarados que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero, el Gobierno de Tucumán confirmó su adhesión al "Plan de Reparación Histórica de Ahorro de los Argentinos". Esta medida nacional busca permitir el uso de dólares informales -los llamados "dólares del colchón"- sin consecuencias fiscales para quienes los utilicen dentro del nuevo régimen.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía provincial, Daniel Abad, quien participó de una videoconferencia organizada por el Gobierno nacional junto a otros 16 mandatarios provinciales, encabezada por Luis Caputo y Guillermo Francos. También intervinieron funcionarios clave como el titular de ARCA, Juan Pazo.

Qué implica el plan

El nuevo régimen fiscal elimina ciertos regímenes de información y eleva los umbrales de otros. Además, se enviará un proyecto de ley al Congreso para proteger a los ahorristas ante posibles cambios de administración que intenten investigar el origen de los fondos -hasta un tope de $50 millones mensuales, según la denominada "ley tapón".

En el plano provincial, el Gobierno tucumano adecuará su Código Tributario para evitar que la operatoria choque con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, resguardando así a quienes ingresen sus ahorros al circuito legal bajo este régimen.

Impacto fiscal y razones detrás de la adhesión

La decisión de Tucumán está directamente ligada a la fuerte caída de la actividad económica. Según datos oficiales, en el último bimestre los ingresos impositivos cayeron un 18%, lo que representa una pérdida de $30.000 millones. La caída afecta la coparticipación federal (por menor recaudación de IVA) y los Ingresos Brutos provinciales, que dependen del movimiento comercial interno.

"El plan de reparación puede ser un alivio importante para las cuentas provinciales y también para dinamizar el consumo", explicó Abad.

Rechazo de Buenos Aires y posturas divididas entre las provincias

Otros 16 distritos, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se manifestó en contra del plan, al calificarlo como un "blanqueo encubierto" y advertir que su administración no dejará de fiscalizar operaciones sospechosas. "Si alguien comienza a adquirir propiedades o depositar grandes sumas sin justificar su origen, sigue siendo delito", dijo el mandatario.

Tampoco participaron de la reunión Santa Fe, CABA, Formosa, Tierra del Fuego, La Pampa ni La Rioja, cuyos gobernadores mantienen posturas más críticas frente a la gestión nacional.