Con la publicación en el Boletín Oficial, quedó promulgada en Tucumán la Ley N° 9899, que modifica el Estatuto del Docente e impide que personas condenadas por delitos sexuales vuelvan a trabajar en el sistema educativo, incluso si fueron indultadas o recibieron conmutación de pena.

La norma también exige que todos los docentes acrediten no tener procesos penales pendientes por este tipo de delitos, mediante certificados emitidos por la Policía provincial y el Registro Nacional de Reincidencia.

Casos recientes que motivaron la reforma

La ley llega tras denuncias y condenas que sacudieron el sistema educativo. Uno de los casos más resonantes fue el de Miguel Ángel Carrizo, preceptor de la Escuela de Comercio N°1, condenado a tres años de prisión condicional por abuso sexual simple agravado contra una alumna. El Ministerio de Educación lo exoneró e inhabilitó para ejercer, al considerar que había violado principios éticos de su función.

Otro caso involucró a Cristian Adrián Medina, preceptor de la Escuela Técnica N°1, cesanteado por acoso a una alumna en 2015 y con denuncias previas en 2010. También era agente policial, por lo que el Ejecutivo ordenó notificar a la fuerza.

Un paso más para proteger a niños, niñas y adolescentes

La reforma alinea la legislación local con normativas nacionales como la Ley 26.061 y el Código Penal, que contemplan la obligación del personal educativo de denunciar hechos que vulneren los derechos de menores. Además, se articula con el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Sexuales.

Con esta medida, el Gobierno tucumano busca garantizar un entorno escolar seguro, libre de abusos, y enviar un mensaje claro: quienes abusen de su autoridad en el ámbito educativo no podrán volver a ejercer nunca más.