Lo que alguna vez fue anunciado como "uno de los legados más importantes" de la gestión oficial, hoy es un proyecto archivado.  El periodista Gabriel Toledo de Tendencia de Noticias reveló que través de un decreto firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Regino Amado, la Provincia autorizó a la Fiscalía de Estado a desistir del proceso de expropiación de 120 hectáreas en Cevil Pozo, propiedad del empresario Emilio Salvador Luque.

Un "agujero" de $5.500 millones

La razón principal es estrictamente financiera. Según estimaciones de la Dirección Judicial de Fiscalía de Estado, si la provincia perdía el recurso de casación que hoy tramita en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el monto de la indemnización a pagar a Luque escalaría a los $5.500.742.209,35.

Ante este riesgo, el Gobierno fue contundente: no hay disponibilidad financiera para afrontar ese pago ni para concretar la obra, la cual -según el decreto- ya no forma parte de la planificación vigente del Ministerio de Obras Públicas.

Una historia de una década que termina en nada

La expropiación nació en 2014, bajo el mandato de José Alperovich, con la idea de crear un polo logístico que uniera el transporte aéreo, ferroviario y terrestre (puerto seco).

• Abril 2023: el proyecto parecía avanzar. Funcionarios como Fabián Soria y Álvaro Simón Padrós supervisaban el "proyecto ejecutivo" junto al IDEP y el CAF (Banco de Desarrollo de América Latina).

• Marzo 2026: el Dictamen Fiscal N° 384 recomendó la retirada estratégica antes de que la expropiación quede firme y el gasto sea irreversible.

El fin de un "legado"

El desistimiento representa un duro golpe a la estrategia de comercio exterior de la provincia. El Centro Multimodal de Cargas buscaba potenciar la marca Tucumán y atraer empresas internacionales. Sin embargo, el Ejecutivo priorizó la estabilidad de las arcas públicas: "Resultaría contrario al uso racional y eficiente de los recursos públicos obtener la titularidad de un bien cuyo destino no podrá ser concretado", reza el documento oficial.

Ahora, la Fiscalía de Estado deberá tramitar el recupero de las sumas que la provincia ya había depositado judicialmente durante estos años de pleito, una vez que se cubran los gastos correspondientes del proceso.