El Tribunal de Cuentas de Tucumán emitió el Acuerdo 4431/2025, mediante el cual obliga a los 93 Delegados Comunales de la provincia a constituir un domicilio electrónico obligatorio para recibir notificaciones administrativas.

La medida fue presentada como un paso hacia la modernización burocrática. Sin embargo, para funcionarios territoriales y especialistas en derecho público, se trata de una decisión que desborda las atribuciones legales del organismo.

Críticas por falta de sustento legal y exceso de competencia

Alejandro Sangenis, Subsecretario de Gobierno de San Miguel de Tucumán y ex Delegado Comunal de Cebil Redondo, advirtió que el Acuerdo 4431/2025 del Tribunal de Cuentas viola el principio de legalidad y busca disciplinar políticamente a las comunas.

En su comunicado, Alejandro Sangenis sostiene que el Tribunal de Cuentas actuó sin norma habilitante, vulnerando el principio constitucional de legalidad:

"No existe ninguna ley provincial ni nacional que autorice al Tribunal de Cuentas a imponer un sistema obligatorio de domicilio electrónico ni a modificar las reglas de notificación administrativa. Cuando un órgano no electo crea obligaciones sin ley, estamos ante un exceso de competencia".

El funcionario recordó que el artículo 19 y 28 de la Constitución Nacional, así como el artículo 41 de la Constitución de Tucumán, establecen que la Administración Pública solo puede imponer cargas cuando existe ley previa, expresa y vigente.

Según la doctrina administrativa, si un organismo actúa fuera de sus facultades legales, el acto podría ser declarado nulo de manera absoluta e insanable.

"Disciplinar a autoridades electas"

Para Sangenis, el problema no es la digitalización, sino el uso político del control institucional:

"Los Delegados Comunales son elegidos por el voto popular y representan la primera línea del Estado en pueblos, barrios y zonas rurales. Pretender disciplinarlos desde un acuerdo administrativo es un mensaje político, no tecnológico".

El subsecretario advirtió que, al no garantizar infraestructura, conectividad ni capacitación, la obligatoriedad del domicilio digital puede convertirse en una herramienta para presionar, condicionar o dejar en situación de indefensión a los titulares de las comunas.

"Tucumán votó gobernador, intendentes y delegados. No votó un Tribunal de Cuentas que legisle o gobierne territorios".

Exhorto al Ejecutivo y la Legislatura

Sangenis exhortó públicamente a los poderes con legitimidad democrática directa:

Que la Legislatura provincial revise la legalidad del acuerdo.
Que el Poder Ejecutivo defienda la institucionalidad y la autonomía comunal.
Que los Delegados Comunales no naturalicen imposiciones sin sustento normativo.

"Lo que está en juego no es un trámite digital: es el equilibrio de poderes en Tucumán", cerró el ex Delegado Comunal.