Luego de cuatro días de paro en los peajes impulsado por el gremio de los trabajadores de peaje (SUTPA), el Gobierno decidió despedir a 117 empleados de la empresa estatal Corredores Viales. La protesta, que incluyó el levantamiento de barreras y el bloqueo parcial del tránsito en la autopista Ricchieri, afectó el acceso al aeropuerto de Ezeiza y provocó una pérdida estimada de más de 2.500 millones de pesos.

La Secretaría de Transporte confirmó que los telegramas fueron enviados a quienes participaron de lo que calificaron como "medidas extorsivas". Según el comunicado oficial, la raíz del conflicto está en el reclamo por la situación de 500 trabajadores de la ex concesionaria Caminos del Río Uruguay, que no fueron incorporados a la nueva estructura estatal.

El Gobierno denunció que el paro fue ilegal, sin notificación previa, y que no hubo espacio para el diálogo. Desde Transporte advirtieron que si se repiten este tipo de acciones, se podrían aplicar nuevas sanciones, incluyendo más despidos.

Mogetta: "Se acabó la época en que el Estado se hace cargo de todo"

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, respaldó la decisión en redes sociales con un mensaje contundente: "Cuando decimos que no negociamos bajo intentos de extorsión de la casta, hablamos en serio". Además, comparó el conflicto con el reciente caso de Intercargo, donde también se aplicaron cesantías tras medidas de fuerza.

"Estamos en la época de Milei, y en esta época el que hace daño, afronta las consecuencias. Vamos a ir a fondo", sentenció Mogetta, acusando al sindicato de tomar de rehén a la ciudadanía con protestas ilegítimas.

Por su parte, desde el SUTPA insisten en que las medidas fueron una forma de visibilizar la "crisis vial" y denuncian el deterioro de las rutas, la falta de licitaciones y la precariedad laboral de cientos de empleados cuyas funciones quedaron en suspenso tras cambios en la gestión. Según el gremio, muchos de esos trabajadores no fueron indemnizados ni reubicados.

El conflicto en los peajes deja en evidencia la tensión creciente entre el Gobierno nacional y los sindicatos, en un contexto marcado por el ajuste, la reducción del gasto público y la aplicación estricta del protocolo antipiquetes.