Luego de la audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT) para debatir la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de EDET, que definirá el cuadro tarifario del servicio eléctrico hasta 2030, organizaciones de defensa del consumidor volvieron a poner el foco en el impacto de los aumentos y en la calidad del servicio.

Tras el cierre del encuentro, el abogado Francisco Paz, referente de la ONG Unión de Usuarios y Consumidores filial NOA, dialogó con Enterate Play y realizó un balance crítico de lo ocurrido, además de advertir sobre el escenario que se abre para los usuarios tucumanos.

Tarifas, tarifa social y reclamos al ERSEPT

En declaraciones posteriores a la audiencia, Paz cuestionó el cargo por uso de red, uno de los componentes centrales de la factura eléctrica. "Es lo que realmente cobra la distribuidora a los usuarios y muchas veces no está claramente explicado", señaló.

El abogado también apuntó contra el esquema actual de la tarifa social eléctrica y propuso un nuevo empadronamiento. Según explicó, el beneficio no se asignó correctamente y existen casos de familias con alto poder adquisitivo que acceden a la tarifa social sin cumplir los requisitos, mientras que sectores vulnerables quedaron excluidos.

Además, reclamó la creación de un consejo de usuarios dentro del ERSEPT, con participación de todas las asociaciones de consumidores. "Hoy existe una sola representación designada por el Ejecutivo. Lo que pedimos es una mesa de diálogo permanente, como ocurre en Salta", afirmó.

Aumentos, verano tucumano y falta de reclamos

Paz alertó sobre el fuerte incremento del precio de la energía en los últimos años. Indicó que el valor del kilowatt pasó de alrededor de 27 pesos a más de 113 pesos, con nuevas subas en análisis. "Estos aumentos se sienten con más fuerza en el verano, cuando el consumo se duplica o hasta se triplica", advirtió.

También se refirió a los problemas estructurales del sistema eléctrico provincial y recordó el récord de demanda alcanzado el año pasado, que derivó en cortes generalizados. "Se habla de calidad del servicio, pero eso debe traducirse en inversiones reales", sostuvo, y remarcó la dependencia de Nación en materia de generación y transporte de energía.

Por último, el abogado hizo un llamado a la participación ciudadana. "En Tucumán se naturalizó la queja, pero no el reclamo. Es fundamental que los usuarios se informen, reclamen y sepan exactamente qué están pagando en la boleta", concluyó.

Tras la audiencia pública, el ERSEPT tendrá ahora un plazo de hasta dos meses para definir el nuevo cuadro tarifario definitivo. La resolución marcará el costo de la electricidad en Tucumán hasta 2030 y anticipa un escenario de fuerte debate entre la empresa, el Estado y los usuarios.