La Ley de Emergencia en Discapacidad ya fue aprobada por el Congreso y ahora se debate su veto en el Senado. En Tucumán, los prestadores de traslados especiales advierten que la situación es insostenible. Según Juan Carlos Díaz, presidente de la Asociación de Prestadores de Traslados Especiales (APTE), el respaldo legislativo es vital para evitar el colapso del sector.

"Gracias a esta ley podríamos cobrar con menos demora. Hoy tenemos atrasos de hasta un año, y los valores están desactualizados en más del 150%", explicó Díaz.

Los senadores tucumanos ya han manifestado su apoyo, pero el sector de discapacidad reclama urgencia. La falta de actualización tarifaria y los pagos demorados afectan directamente a la calidad del servicio y ponen en jaque la continuidad laboral de cientos de familias.

Quebranto económico: "Muchos están vendiendo sus vehículos para subsistir"

Fredy Olmos, vicepresidente de APTE, fue categórico: "Estamos en estado de quiebre virtual".

El pago por kilómetro recorrido es de apenas $541 -menos que una tarifa de taxi-, pero con condiciones más exigentes. "No cobramos ni el tramo desde nuestra base hasta el domicilio del paciente, ni el regreso. Todo eso lo absorbemos nosotros", denunció Olmos.

Esta situación ya provocó que varios transportistas vendieran sus unidades para poder sobrevivir, lo que genera una cadena de impacto negativo: no sólo se afecta al traslado, sino también a talleres mecánicos, gomerías y demás servicios asociados.

Un servicio esencial para miles de familias

Los transportistas de personas con discapacidad no sólo mueven vehículos: sostienen rutinas, tratamientos y la salud emocional de familias enteras.

"Nosotros retiramos a los chicos de sus casas, los llevamos a centros de día o de rehabilitación. Hay padres que temen quedarse sin este servicio, y con razón. Si ellos tuvieran que hacer los traslados, deberían abandonar sus trabajos", explicó Juan Carlos Díaz.

La problemática se extiende a otras áreas críticas como los traslados para pacientes en diálisis. "Si no hay movilidad garantizada, el tratamiento se interrumpe. No podemos seguir trabajando en estas condiciones", enfatizó.

El llamado a la empatía del Estado

Ambos referentes coinciden en que el Estado nacional debe responder con sensibilidad ante esta emergencia. 

"Siempre hubo indiferencia hacia el área de discapacidad, pero este gobierno ha profundizado esa crisis", lamentó Díaz.

También destacó que la alimentación que brindan los centros de día es, muchas veces, el único sustento seguro para muchos chicos, lo que vuelve aún más indispensable la continuidad del transporte.

"Donde hay un niño enfermo, hay una familia entera afectada. Si ese niño no accede a su tratamiento, la familia se enferma también", sentenció Olmos.