Una historia de advertencias ignoradas

El reciente apagón que dejó sin luz ni agua a miles de usuarios en Pichanal y Rivadavia Banda Sur fue el punto de quiebre. El presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (Enresp), Carlos Humberto Saravia, presentó una denuncia penal contra los directivos de Transnoa S.A. -empresa a cargo del transporte de energía eléctrica en el NOA desde 1994- y contra funcionarios del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a quienes acusa de incumplimiento de deberes y falta de control.

Sin embargo, los reclamos por el deterioro de las instalaciones no son nuevos. Ya en 2012, el trabajador José Ricardo Barraza, electricista y delegado gremial de la Estación Transformadora Tartagal, había presentado una denuncia formal ante el ENRE alertando sobre el "estado deplorable" de las estructuras, la falta de mantenimiento preventivo y el riesgo para la seguridad pública. En aquel documento, acompañado de fotografías y registros técnicos, Barraza señalaba que "no existía un plan de mantenimiento ni preventivo ni correctivo", y que muchas instalaciones operaban en condiciones precarias o directamente peligrosas.

De 2012 a 2025: las mismas fallas, los mismos riesgos

Un informe de 2012 al que tuvo acceso ENTERATE NOTICIAS detallaba irregularidades graves en estaciones de Salta, Orán, Tartagal, Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán, con equipos obsoletos, fugas de aceites contaminantes al río Arenales, cables puenteados, torres tapadas por malezas y estructuras sostenidas con postes de madera desde hacía años.

Más de una década después, la denuncia presentada por el Enresp confirma que la situación no cambió sustancialmente. Según Saravia, Transnoa habría incumplido de forma sistemática y dolosa su contrato de concesión, desviando fondos destinados a infraestructura y dejando a miles de usuarios del norte argentino expuestos a cortes prolongados y riesgos eléctricos.

El organismo provincial asegura que en los últimos doce meses la distribuidora Edesa transfirió más de $24.700 millones a la transportista, pero que "la empresa carece de cuadrillas, grúas y materiales básicos para atender emergencias". En tanto, el ENRE apenas aplicó sanciones por $30 millones en una década, cifra considerada "irrisoria" frente a los ingresos de la compañía.

Impacto regional y causas judiciales

La presentación judicial enumera delitos como defraudación, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, abandono de personas e incumplimiento de deberes de funcionario público. Por ahora, hay al menos nueve directivos imputados, aunque la lista podría ampliarse a medida que avance la investigación.

Mientras tanto, los cortes eléctricos siguen afectando a localidades de Salta, Orán, Tartagal y parte del norte tucumano, impactando en servicios esenciales como el agua potable, las comunicaciones y la atención médica de personas electrodependientes.

El expediente, en manos de la Unidad Fiscal Federal de Salta a cargo de Eduardo Villalba, podría marcar un precedente histórico si se comprueba que las advertencias realizadas desde hace más de una década fueron ignoradas por las autoridades nacionales.