El abogado Juan Andrés Robles presentó una denuncia penal por maniobras fraudulentas que habrían despojado a extrabajadores de la empresa de sus derechos accionarios. Señalan vínculos con fiduciarios bancarios y el entorno del fallecido dirigente sindical Julio Luna.

En el día de hoy, el abogado Juan Andrés Robles presentó una denuncia penal por defraudación ante la Justicia Federal de Tucumán, en representación de extrabajadores de la empresa TRANSNOA S.A., por presuntas maniobras irregulares destinadas a vaciar el Programa de Propiedad Participada (PPP) que les otorgaba participación accionaria como accionistas Clase C, en el marco de las leyes de reforma del Estado de los años 90.

Según el escrito judicial, los directivos de TRANSNOA, en connivencia con fiduciarios bancarios y personas vinculadas al histórico dirigente sindical Julio Luna, habrían articulado durante años un esquema de administración fraudulenta del 10% de las acciones reservadas por ley a los trabajadores. Entre las maniobras denunciadas se incluyen el uso de actas truchas de asambleas inexistentes, la designación irregular del Director Obrero y Síndicos, y la emisión sistemática de bonos por ganancias que nunca fueron entregados a los trabajadores.

"El objetivo es esclarecer la verdad en una trama muy compleja, cuyo propósito fue el despojo sistemático de los derechos patrimoniales de los trabajadores, derechos que están garantizados por la ley", señaló el Dr. Robles al presentar la denuncia. Además, anticipó que solicitarán la intervención como querellantes para poder impulsar la causa desde adentro del proceso judicial.

Una herencia del menemismo bajo sospecha

La denuncia pone bajo la lupa el Programa de Propiedad Participada (PPP) instaurado en 1995, cuando TRANSNOA -empresa concesionaria de la red de transporte eléctrico del NOA- fue privatizada. En ese marco, 216 empleados adhirieron al PPP, que garantizaba un 10% del capital accionario para los trabajadores, administrado fiduciariamente por el Banco Nación.

No obstante, durante las últimas tres décadas el manejo del PPP estuvo rodeado de irregularidades y falta de transparencia. Según relatan los denunciantes, la Federación de Luz y Fuerza cooptó el programa para beneficios propios, consolidando una estructura paralela en la que los verdaderos trabajadores fueron desplazados de cualquier decisión o beneficio económico.

"El perjuicio económico es millonario. Estamos hablando de trabajadores jubilados que apenas llegan a fin de mes, mientras otros se enriquecieron con sus derechos. Es una estafa que lleva años y debe terminar", concluyó Robles.

¿Qué es el PPP y por qué es clave?

El Programa de Propiedad Participada fue una figura jurídica creada por la Ley 23.696 para permitir que los trabajadores de empresas estatales privatizadas participaran de las utilidades y decisiones empresarias. En el caso de TRANSNOA S.A., que opera en seis provincias del NOA y es una de las principales transportistas eléctricas del país, el valor de ese 10% es multimillonario.

Además, el PPP contemplaba la entrega de un porcentaje de dividendos anuales a los empleados, como una forma de compensación directa. Según la denuncia, durante 30 años esos bonos jamás llegaron a manos de los trabajadores.