Un secuestro de pistolas calibre nueve milímetros en Tucumán fue el puntapié inicial de una investigación sin precedentes en la historia criminal de la provincia. Luego de una investigación que se extendió durante casi dos años, el fiscal federal Agustín Chit logró identificar a una organización dedicada a la venta de armas en el mercado negro, que estaría vinculada con el tráfico internacional de este tipo de elementos.

La investigación comenzó en diciembre de 2023, cuando en un control de rutina realizado en Aguilares, personal de Gendarmería Nacional detuvo un micro con dos hombres de nacionalidad chilena que se dirigía a la provincia de Mendoza. 

Al revisar sus pertenencias, los gendarmes descubrieron que Alejandro Piero Arias Glaria y Francisco Eduardo Cáceres transportaban ocho pistolas calibre nueve milímetros y 13 cargadores y fueron detenidos por no contar con la documentación que acreditara el origen del armamento ni con los permisos correspondientes para portarlos. 

El fiscal federal Chit, junto a su equipo de colaboradores coordinados por la auxiliar fiscal, Julia Vitar, decidió reconstruir la ruta de las armas secuestradas a los ciudadanos chilenos. 

"La investigación permitió determinar cómo funciona, en parte, el mercado ilegal de armas en Tucumán y de qué manera ese circuito alimenta el acopio y el tráfico internacional", sostuvo el fiscal Chit al solicitar los allanamientos de nueve personas.

El representante del Ministerio Público logró identificar los engranajes de la organización a partir del análisis de la trazabilidad del armamento y de la información extraída de los teléfonos celulares. Los puntos más relevantes de la investigación fueron los siguientes:

Empleados en la mira

E.M.T. -quien se desempeñaría como instructor de tiro-, junto con A.N.B. y M.N.B., empleados de una armería ubicada en Chacabuco al 100, habrían sido los encargados de simular operaciones de compraventa de armas registradas a nombre de terceros que concurrían al local con la intención de venderlas.

Los sospechosos habrían aprovechado su actividad laboral y sus conocimientos técnicos para captar a personas habilitadas como legítimos usuarios, a fin de que inscribieran armas a su nombre y luego las introdujeran en el circuito ilegal.

Según la acusación, en algunos casos las transferencias se habrían concretado mediante la utilización de firmas apócrifas en documentos públicos empleados para formalizar las operaciones.

Tres prestanombres

La investigación también estableció que S.A.L., J.A.R. y D.A.R.N. habrían utilizado su condición de legítimos usuarios para figurar como compradores de armas que posteriormente eran comercializadas en el mercado negro. Las pistolas secuestradas a los ciudadanos chilenos estaban registradas a sus nombres.

De acuerdo con el trabajo realizado por Gendarmería Nacional, dos de los sospechosos son empleados de una reconocida empresa de seguridad privada. Ambos tendrían varias armas registradas, pese a no contar con ingresos suficientes que justificaran su adquisición.

Los supuestos vendedores

La investigación determinó además que la comercialización de las armas habría estado a cargo de G.E.D., quien se dedicaría a la venta ilegal de armas y municiones. Se cree que este hombre recibía el armamento adquirido de manera irregular para luego introducirlo en el mercado clandestino.

Para concretar las operaciones, habría utilizado como intermediarios a N.A.F. y a R.R.F., quienes aparecen como piezas clave en la transacción realizada con los compradores chilenos.

Cómo fue la operación de venta

Según la reconstrucción del caso, los detenidos llegaron a Tucumán desde Mendoza hace exactamente dos años. La madre de uno de ellos, Aldana Matilde Glaria Orellana, habría sido la encargada de contactarse con G.E.D. para concretar la operación, mientras que su hijo, Arias Glaria, fue elegido para cerrar el trato.

De acuerdo con fuentes judiciales, la venta debía concretarse al día siguiente en el hotel donde se alojaban los compradores, pero surgió un inconveniente de último momento. N.A.F., quien debía entregar las pistolas y los cargadores, fue demorado por la Policía por motivos que no trascendieron. Finalmente, la transacción se concretó el 18 de diciembre de 2023 en la plaza Alberdi. R.R.F., padre de quien debía cerrar el acuerdo, fue quien entregó las armas y cobró el dinero.

Al día siguiente, los dos ciudadanos chilenos abordaron un micro con destino a Mendoza y desde allí planeaban cruzar la frontera hacia su país de origen. La elección del transporte terrestre no fue casual: existen menos controles y, en un aeropuerto, no habrían podido superar los detectores de metales.

Arias Glaria y Cáceres permanecen detenidos en la cárcel federal de Santiago del Estero, acusados de acopiar armas con fines de tráfico. Según la investigación, serían eslabones de una organización transnacional dedicada al contrabando internacional de armas de fuego y municiones. En la actualidad, Chile atraviesa una grave crisis vinculada a la expansión de organizaciones criminales de alcance internacional.

Varios allanamientos

En diciembre de 2024, el fiscal Chit presentó las evidencias necesarias para solicitar una serie de medidas en los domicilios de los investigados. En el fuero federal, el representante del Ministerio Público debe fundamentar por escrito los motivos del pedido de allanamiento y detallar las pruebas reunidas, requerimiento que debe ser autorizado por un juez.

La causa dejó al descubierto las dificultades que generan las vacantes en la Justicia Federal, además de los cuestionamientos surgidos por la existencia de una investigación paralela en Mendoza en la que también están involucrados los ciudadanos chilenos. Días atrás, el magistrado Guillermo Díaz Martínez autorizó la realización de allanamientos en distintos puntos del Gran San Miguel de Tucumán y del interior provincial.

Según indicaron fuentes judiciales, durante los procedimientos se secuestraron armas, municiones, dinero y documentación que sería clave para acreditar la actividad desarrollada por la banda. En los próximos días, los involucrados deberán prestar declaración indagatoria, instancia en la que se definirá su situación procesal.

Créditos: La Gaceta