Empleo informal en Argentina: ya afecta al 42% de los trabajadores y golpea al norte del país

Según un nuevo informe, casi 9 millones de personas trabajan sin derechos laborales. El problema se agrava entre cuentapropistas y asalariados del NOA.

El empleo informal volvió a encender las alarmas en Argentina: un nuevo informe revela que el 42% de los trabajadores está fuera del sistema. Esto equivale a 8,8 millones de personas que no cuentan con aportes jubilatorios, cobertura médica ni derechos básicos garantizados.

El dato surge de Argendata, plataforma de la fundación FUNDAR, que advierte que 5,5 millones son asalariados sin registrar y 3,3 millones son cuentapropistas o patrones no inscritos en el sistema previsional. Entre los independientes, la informalidad es del 57%, y entre los cuentapropistas, alcanza un preocupante 62%.

El norte argentino, epicentro de la precariedad laboral

Las mayores tasas de empleo informal se dan en el norte del país. Provincias como Tucumán, Salta y Santiago del Estero registran más del 50% de asalariados sin registrar. Esta situación está asociada a economías locales con baja productividad, escasa inversión privada y fuerte presencia de actividades informales como la agricultura o el trabajo doméstico.

En contraste, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias patagónicas, con mayor densidad empresarial y sectores como el petróleo, finanzas o servicios profesionales, presentan tasas de informalidad inferiores al 20%.

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Estancamiento económico y presión fiscal: las causas de fondo

La informalidad laboral en Argentina no es nueva, pero se agravó en la última década. Tras una baja entre 2003 y 2011, la falta de crecimiento sostenido, la presión tributaria y la caída del empleo privado hicieron retroceder los avances. Actualmente, el 36% de los asalariados no está registrado.

Expertos señalan que sin incentivos para la formalización, y con un marco impositivo que desalienta la registración, es difícil revertir la tendencia. Además, la informalidad debilita la recaudación fiscal, compromete el sistema jubilatorio y deja a millones sin derechos laborales esenciales.

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