Trabajadores viales marcharán al Congreso para frenar el cierre de Vialidad Nacional

El gremio STVyARA movilizará el jueves 21 para exigir que el Senado rechace el DNU 461/2025, que ordena la disolución del organismo.

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), liderado por Graciela Aleñá, anunció una movilización hacia el Congreso Nacional el próximo jueves 21 de agosto. El objetivo: presionar al Senado para que rechace de forma definitiva el DNU 461/2025, que dispone el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y que ya fue rechazado por la Cámara de Diputados.

Según el gremio, eliminar el organismo significaría un grave retroceso en materia de seguridad vial, conectividad y desarrollo regional.

Riesgos para la seguridad y la economía

En un documento presentado ante la Cámara alta, el sindicato advirtió que el deterioro de las rutas nacionales incrementa el riesgo de accidentes y muertes. También sostuvo que la disolución de Vialidad comprometería la conectividad entre provincias y con países del MERCOSUR, además de afectar a las economías regionales.

El texto cuestiona el informe técnico del Ministerio de Transporte que fundamenta el DNU, acusándolo de contener datos falsos, inexactitudes y apreciaciones sin respaldo técnico.

Funciones críticas en juego

Para el STVyARA, el cierre de Vialidad dejaría sin cobertura cerca de 50 funciones esenciales: desde el mantenimiento y señalización de rutas hasta el control de peso y dimensiones de vehículos, pasando por la gestión de cuadrillas y la evaluación de pavimentos.

El gremio asegura que tercerizar esas tareas costaría entre un 15% y un 50% más que realizarlas con personal propio. Además, denunció que la retención de fondos del impuesto a los combustibles y el recorte presupuestario están acelerando el deterioro de las rutas.

La pulseada judicial y legislativa

El DNU 461/2025 está actualmente suspendido por una medida cautelar del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de San Martín. El fallo se basa en que Vialidad Nacional, creada por decreto ley, no podría disolverse por ser un ente autárquico.

La medida frena el cierre por seis meses mientras la Justicia define la cuestión de fondo. Por eso, los trabajadores buscan que el Congreso deje sin efecto el decreto de forma definitiva.

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