Las principales cadenas de supermercados han reaccionado con un gesto directo a la falta de homologación por parte del Gobierno del aumento salarial pactado entre el gremio de Comercio y las cámaras patronales. Como medida para aliviar las tensiones, las cadenas acordaron pagar una suma fija de hasta 50 mil pesos a sus trabajadores en una semana, en concepto de "adelanto" del incremento salarial que, aunque ya pactado, no fue autorizado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El pago se realizará el próximo viernes y abarcará a aproximadamente 120 mil empleados. La distribución será proporcional a la jornada laboral de cada trabajador: 50 mil pesos para los de jornada completa, 33 mil para aquellos que trabajen 32 horas semanales y 25 mil para los que cumplan 24 horas.

La posición del Gobierno y la reacción del sector supermercadista

El Gobierno había decidido no homologar el acuerdo, que estipulaba un aumento de 5,4% para el trimestre (abril-junio), con una incidencia total del 9,6% si se incluyen las sumas no remunerativas. Según el secretario de Trabajo, Julio Cordero, el acuerdo excedía la pauta salarial establecida por el Ejecutivo, que apunta a incrementos mensuales cercanos al 1%, por debajo de la inflación.

Además, las principales cadenas de supermercados no forman parte de las cámaras que firmaron el convenio colectivo y aseguran que no fueron consultadas sobre el incremento pactado. La decisión de no pagar el aumento acordado para abril y recurrir a una suma fija como "adelanto" ha generado un conflicto con el gremio que lidera Armando Cavalieri.

El futuro de la paritaria y nuevas negociaciones

La Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, ha indicado que se encuentra evaluando la situación y que se abrirá una nueva etapa de negociaciones. En un comunicado oficial, se destacó que, debido al contexto general, se convocará a las partes involucradas para renegociar los términos del acuerdo, con el objetivo de alcanzar un nuevo pacto salarial.

Este conflicto refleja la creciente tensión entre las autoridades y el sector privado en el contexto de un ajuste económico que afecta tanto a los trabajadores como a las empresas.