La Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que agrupa a cadenas como Coto, Walmart, Jumbo y La Anónima, envió una dura nota a la Secretaría de Trabajo para exigir la revisión del aumento salarial acordado entre la Federación de Empleados de Comercio (Faecys) y las cámaras empresarias CAC, CAME y Udeca. Según los supermercadistas, la suba pactada para el trimestre abril-junio, que llega al 9,6% si se incluyen sumas no remunerativas, es "incompatible con la política antiinflacionaria" del Gobierno.

La advertencia es clara: si se obliga a pagar ese incremento, los supermercados trasladarán el costo a los precios de góndola, con un impacto estimado del 5%. "La incidencia del componente salarial supera el 50% del costo operativo de una cadena de supermercados", explicó ASU en la nota firmada por su director ejecutivo, Juan Vasco Martínez.

Tensión con el Gobierno y con otras cámaras empresarias

La estrategia de los supermercados está alineada con el ministro de Economía, Luis Caputo, que impulsa el freno a las paritarias que superen el 1% mensual. Aunque los supermercados no forman parte formal de la paritaria, ya marcaron su postura: en abril pagaron un "adelanto" de $50.000 para evitar un conflicto directo con el gremio, pero advierten que sin homologación oficial el acuerdo carece de validez legal.

Además, ASU no está sola en esta movida. También la Cámara de Supermercados Mayoristas (Casma) presentó un documento similar en el que advierte que no puede absorber el costo de los aumentos y que, sin cambios, no habrá forma de evitar trasladar el impacto a los precios al consumidor.

Esta semana será clave: los empresarios definirán si repiten el esquema de abril para los sueldos de mayo o si endurecen su posición. Mientras tanto, 1,2 millón de empleados de comercio -y en especial los 120 mil que trabajan en grandes superficies- siguen en vilo.