El plan de regularización de tierras fiscales en El Cadillal avanza, pero mucho más lento de lo esperado. De casi 3.000 edificaciones detectadas, sólo alrededor de 400 personas iniciaron el trámite y apenas 200 completaron todos los pasos exigidos por la Provincia.
Estos propietarios, que se ajustaron a las leyes provinciales 9.179 y 9.591, ya realizaron las modificaciones solicitadas por Catastro, como ajustar límites o ceder espacios para el ancho de calles. Ahora aguardan la tasación de los terrenos para poder comprarlos al contado o en cuotas y, finalmente, escriturarlos.

Un proceso marcado por errores, estafas y trámites inválidos

La regularización estuvo lejos de ser prolija. Muchas personas realizaron gestiones en la ya disuelta área de Regularización Dominial y Hábitat, que nunca tuvo autorización para intervenir. La investigación oficial indica que algunos empleados y exfuncionarios habrían cobrado dinero prometiendo "solucionar" la situación, maniobra por la cual hoy están siendo investigados.

Como consecuencia, la mayoría de los expedientes quedaron inválidos, dejando a cientos de familias en una situación aún más complicada. "Nadie nos dijo que eran estafadores. Vinieron del mismo Estado", reclamó Luciana Castro, una de las damnificadas.

Miles de construcciones siguen sin respuesta

El gran interrogante recae sobre quienes no completaron el trámite o lo hicieron de manera incorrecta, ya que los plazos legales vencieron en 2023. Para muchos, como Esteban Reyna, la duda se transformó en arrepentimiento: "Pensé que era humo. Ahora no sé qué va a pasar y puedo perder lo que construí con esfuerzo".

Según el informe oficial, de los 85 padrones existentes en la villa, solo 15 están en zonas autorizadas para la venta; el resto se encuentra en áreas de reserva o destinadas a investigación, lo que complica aún más cualquier solución.

Qué puede pasar ahora

Desde Casa de Gobierno aseguran que no habrá desalojos masivos por la fuerza. La alternativa que hoy toma fuerza es una nueva ley que permita encauzar el problema, aunque sólo incluiría a quienes edificaron en sectores permitidos.

Por ahora, el futuro de miles de viviendas levantadas en tierras fiscales de El Cadillal sigue en suspenso.