Este miércoles se conoció que la esposa y el hijo del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde diciembre en Venezuela, lograron salir del país mediante un operativo secreto organizado por el Gobierno nacional. Sin embargo, la información no fue difundida por canales oficiales, lo que dejó en evidencia la intención de mantener la maniobra en reserva para evitar represalias del régimen de Nicolás Maduro.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, suspendió una conferencia de prensa programada apenas una hora después de que la noticia se hiciera pública. Según trascendió, la decisión responde a la "extrema sensibilidad" del caso: cualquier exposición mediática podría afectar directamente a Gallo, quien aún permanece detenido bajo condiciones desconocidas.

Bullrich, en el centro de la estrategia y sin comunicación con la familia

El operativo habría sido coordinado por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich. No obstante, la madre del gendarme, Griselda Heredia, afirmó no haber sido notificada por el Gobierno y expresó su preocupación por el silencio oficial: "Me preocupa en qué situación queda mi hijo ahora", declaró con angustia.

Heredia también desmintió el vínculo entre su hijo y la mujer liberada, María Alexandra Gómez García, asegurando que no es su esposa legal y que cortó la comunicación con la familia tras el arresto.

El Gobierno redobla la presión diplomática contra el régimen de Maduro

El caso de Nahuel Gallo se ha convertido en un eje de la política exterior del gobierno de Javier Milei, que mantiene una postura firme contra el chavismo. Desde Cancillería se sostiene una ofensiva legal en organismos internacionales, con denuncias por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Además, se realizan gestiones diplomáticas en coordinación con Estados Unidos y Ecuador, que también tienen ciudadanos detenidos en Venezuela.

La liberación de la familia de Gallo se suma al reciente rescate de cinco argentinos que se encontraban refugiados en la embajada en Caracas. Ambas operaciones refuerzan la tensión entre la Casa Rosada y el régimen bolivariano, y marcan un giro contundente en la estrategia argentina frente a las detenciones arbitrarias en ese país.