Un fallo que cierra una pelea judicial de años

La Corte Suprema puso fin a la extensa disputa entre Tabacalera Sarandí y el Estado Nacional por el impuesto interno mínimo al tabaco. El máximo tribunal anuló la resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que había declarado inconstitucional la norma, y ratificó que todas las tabacaleras -incluida la de Pablo Otero, apodado el "Señor del Tabaco"- deben pagar el tributo fijado por la ley 27.430.

Según la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración de Recursos de la Seguridad Social (ARCA), las empresas de Otero acumulan una deuda superior a los USD 1400 millones.

El argumento que no convenció a la Corte

Otero, al frente de marcas como Red Point, West, Master y Kiel, había cuestionado la medida al considerar que perjudicaba a sus cigarrillos más baratos frente a las marcas premium. En 2022, la Cámara le dio la razón, pero la AFIP y Massalin Particulares apelaron.

La Corte, con votos de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Mariano Llorens, Enrique Moltini y Mario Boldú, sostuvo que definir impuestos y montos mínimos es potestad del Congreso, salvo que exista arbitrariedad o discriminación evidente, algo que -según el fallo- no ocurrió.

Un impuesto con objetivo de salud pública

El tribunal también subrayó el carácter "extrafiscal" del impuesto: desalentar el consumo de tabaco y proteger la salud. Citó criterios de la Organización Mundial de la Salud, que considera el aumento de precios como la herramienta más eficaz para reducir el consumo.

Además, recordó un antecedente de 2015 en el que el juez Lorenzetti señaló que la Constitución obliga a las autoridades a implementar políticas para proteger la salud, incluso si eso afecta a las empresas del sector.

En definitiva, el fallo no solo obliga a Otero a pagar su millonaria deuda, sino que también respalda el uso de herramientas fiscales como estrategia legítima de salud pública.