La empresa de seguridad privada Securitas admitió ante la Justicia que pagó millonarias coimas a representantes de organismos públicos como la compañía Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), entre otros, para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados.

En el expediente que lleva adelante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ya hubo más de 50 allanamientos en todo el país y se detuvieron a nueve personas.

La investigación comenzó en febrero de 2020, tras una denuncia hecha por representantes de Securitas Argentina en la que sostuvieron que un grupo de exdirectivos aceptó pagos indebidos. Fueron desde el 2014 al 2018, es decir, durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, aunque se investigan episodios desde el 2012.

En Tucumán

Entre los casos de coimas denunciadas se mencionan dependencias provinciales, como la empresa energía ENERSA, de Entre Ríos, la Policía de la Provincia de Tucumán, y la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada de Buenos Aires o la Policía Bonaerense -ambos casos, durante la gobernación de María Eugenia Vidal-.

Desde la oficina Regional Centro se habrían realizado ‘pagos indebidos' a miembros de la Policía de la Provincia de Tucumán, a fin de agilizar los procesos de autorización o tener el apoyo en distintos controles, siendo que durante los años 2016 y 2017 el monto de dichos pagos ascendería a un total de 55.600 pesos".