Tras años de agonía financiera y una retracción productiva sin precedentes, la histórica cooperativa santafesina oficializó su insolvencia. El pedido marca un punto de inflexión para el sector y abre un escenario de incertidumbre sobre sus activos y empleados.

SanCor, la emblemática cooperativa con sede en Sunchales, solicitó formalmente su quiebra este miércoles tras haber permanecido en concurso preventivo desde febrero de 2025. La información, confirmada por el gremio Atilra y fuentes del gobierno de Santa Fe, revela un pasivo asfixiante que ronda los US$ 120 millones, compuesto por deudas en moneda extranjera y más de $ 40.000 millones en moneda local. El pedido se produce en un estado de cesación de pagos absoluto, tras reconocerse deudas con 1.519 acreedores que la gestión actual ya no puede afrontar bajo su estructura vigente.

Un deterioro productivo y operativo que no encontró techo

La caída de la firma no es un fenómeno reciente, sino el resultado de un proceso de retracción sostenida que comenzó en 2017. En menos de una década, la cooperativa pasó de procesar 4 millones de litros diarios de leche a un volumen marginal inferior a los 500.000 litros. Para intentar sobrevivir, la empresa debió desprenderse de marcas icónicas de yogures y postres, reducir drásticamente su número de plantas industriales y enfrentar prolongados conflictos sindicales que paralizaron su operatividad durante meses.

El peso de las decisiones políticas y financieras del pasado

El destino de SanCor estuvo marcado por intervenciones de alto impacto, como la del ex presidente Néstor Kirchner en 2006, quien bloqueó una asociación con Adecoagro para evitar el ingreso del magnate George Soros. En su lugar, se gestionó un crédito de US$ 80 millones con el gobierno de Hugo Chávez, cancelado mediante la exportación de leche en polvo. Paradójicamente, años después la cooperativa terminó vendiendo activos clave como la marca Las Tres Niñas a la propia Adecoagro, hoy controlada por la firma de criptoactivos Tether.

El diagnóstico judicial que sentenció el futuro de la cooperativa

En el plano judicial, el juez Marcelo Gelcich había designado a la contadora Lucila Inés Prono como coadministradora ante las serias objeciones sobre el manejo de la firma. Los informes presentados por la sindicatura y el comité de control coincidieron en señalar una insolvencia definitiva y la total imposibilidad de recuperación bajo los parámetros actuales. Según Héctor Ponce, secretario general de Atilra, la evidencia acumulada en el expediente judicial hacía que la solicitud de quiebra fuera el único paso lógico ante la evidencia de que la empresa se sostenía con recursos ajenos y deudas salariales.

El futuro de los trabajadores y la esperanza de una reestructuración

A pesar del pedido de quiebra, el gremio sostiene que esta instancia podría ser el inicio de una nueva etapa si se logra una reestructuración libre de las cargas históricas que hundieron a la cooperativa. Sin embargo, el presente de los empleados es alarmante: la firma adeuda ocho meses de salarios y aguinaldos, además de haber discontinuado los aportes a la obra social OSPIL. 

Ahora, una asamblea de tamberos deberá convalidar la decisión de la conducción, mientras la Justicia define si se permite una continuidad de explotación que preserve la calidad de sus productos y las fuentes de trabajo.