En el marco del proceso de selección para el nuevo Defensor del Pueblo de Tucumán, Rolando Argañaraz visitó los estudios de Enterate Play para exponer su plataforma y los motivos de su postulación. Con una trayectoria iniciada en la militancia a los 16 años, Argañaraz planteó que la esencia del cargo no es solo denunciar, sino conseguir soluciones concretas para los ciudadanos ante la "falta de respuesta" de los estamentos estatales.

El control de gestión como motor de cambio

Para Argañaraz, uno de los mayores déficits de las administraciones (nacional, provincial y municipal) es la resistencia al control. "No aceptamos el control como una regla de nuestra vida diaria. No hablo del control del Tribunal de Cuentas, sino del control de gestión: alguien que ayude al administrador a cumplir el plan de gobierno que prometió", explicó.

Según el candidato, la Defensoría suele ser vista con "miedo" por el poder político justamente por esta falta de gimnasia institucional. "Para el poder político es peligroso no tener a alguien bajo su radar, pero el defensor debe estar para controlar en beneficio del pueblo", sentenció.

Experiencia política vs. Idoneidad

Ante la consulta sobre si un político puede ejercer un rol neutral en la Defensoría, Argañaraz fue contundente al defender el conocimiento técnico que otorga la gestión pública: "Haber participado en diferentes funciones ayuda superlativamente. Quien no tiene esa experiencia seguramente tardará muchos años en aprender cómo es el manejo de la cosa pública".

Asimismo, se mostró abierto al debate sobre si el Defensor del Pueblo debería ser elegido por el voto popular, aunque recalcó que, en el sistema actual, confía en la "autonomía" de los 49 legisladores para elegir el mejor perfil, más allá de las preferencias que pueda manifestar el Poder Ejecutivo.

Una Defensoría con "impronta mediadora"

Argañaraz comparó el rol del Defensor con la figura del "Abogado del Niño": un actor que debe defender los intereses de su representado de forma independiente a las partes en conflicto (en este caso, el ciudadano frente al Estado o prestadores de servicios).

"Mi impronta siempre es buscar resultados, incluso con negociaciones previas. Cuando la negociación no funciona, recién ahí actuar con las herramientas legales. La Defensoría debe ampliar su base de sustentación para que el ciudadano no pase meses o años sin una contestación", concluyó.