La Justicia de Tucumán revocó la libertad condicional a Susana del Carmen Acosta, una de las mujeres condenadas por el crimen de Beatriz Betty Argañaraz. La decisión responde a un incumplimiento en las condiciones impuestas para su libertad: la condenada había fijado su domicilio en San Miguel de Tucumán, pero en realidad residía en El Cadillal sin autorización judicial.

Este mismo motivo llevó a la anulación del beneficio para su pareja, Marco Daniel Fernández (anteriormente conocido como Nélida Fernández), con quien convivía. Ambos deberán ahora cumplir su condena en prisión de manera completa.

Pedido del Ministerio Fiscal y fallo judicial

El Ministerio Fiscal, a través de la Unidad de Ejecución de Sentencias, elevó el pedido de revocación. Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Gonzalo García, en representación del titular Gerardo Salas, expuso que Acosta fue beneficiada con libertad condicional el 13 de junio de 2023 con la obligación de residir en el domicilio de su hermana, sin poder cambiarlo sin permiso judicial.

"No obstante, se trasladó a un inmueble en El Cadillal, donde residió de manera permanente con su esposo y su nieta, sin autorización judicial, conducta verificada y reiteradamente informada por el Patronato de Internos y Liberados", explicó García.

Además, el representante del Ministerio Público recordó que desde 2023 se advirtieron irregularidades en el monitoreo electrónico y se solicitaron revocaciones previas, que fueron desestimadas por otra jueza de Ejecución.

En base a estos antecedentes, la jueza de impugnación Patricia Carugatti dictó el 11 de agosto la revocación de la libertad condicional y ordenó el inmediato alojamiento de Acosta en el sistema penitenciario.

El caso: crimen y condena de Betty Argañaraz

Beatriz Argañaraz desapareció el 31 de julio de 2006 cuando se dirigía a su lugar de trabajo, un colegio donde también compartía labores con Acosta y Fernández. La investigación reveló que, tras recibir un mensaje de ambas mujeres, Betty fue atacada y asesinada en el departamento de ellas.

Los peritajes hallaron manchas de sangre de la víctima en las paredes, pero el cuerpo nunca fue encontrado. En 2009, Acosta y Fernández fueron condenadas a 20 años de prisión por el crimen.

Voces de la familia: búsqueda de verdad y justicia

En declaraciones recientes, familiares de Betty expresaron que más allá del castigo judicial, su mayor deseo es conocer el paradero de su cuerpo y lograr algo de paz.

"Lo único que perseguimos es saber qué hicieron con Betty, no es una cuestión de perseguirlas todo el tiempo," dijeron, al tiempo que reconocen la necesidad de avanzar en la causa para cerrar un capítulo doloroso que lleva 13 años.