Beneficio exprés para las multinacionales

El Decreto 682/2025, publicado el 22 de septiembre, suspendió las retenciones a granos y subproductos hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar un límite de USD 7.000 millones en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). La medida, pensada para acelerar la llegada de divisas al país, terminó siendo un verdadero "bono de liquidez" para las grandes exportadoras.

En apenas 48 horas, compañías como Bunge, Louis Dreyfus Company (LDC), COFCO, Cargill, ADM, Aceitera General Deheza (AGD) y Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) coparon el cupo disponible, generando un beneficio estimado de 1.500 millones de dólares.

Productores y Estado, al margen del negocio

El efecto fue claro: los grandes exportadores declararon embarques de granos que ya tenían en stock, comprados con retenciones descontadas, y los vendieron al exterior sin pagar derechos de exportación. Mientras ellos acumulaban ganancias millonarias, los productores no recibieron un centavo adicional y el Estado resignó recursos fiscales significativos.

Analistas del sector calificaron la acción como una carrera contra el tiempo, donde las multinacionales aseguraron posiciones estratégicas en soja y maíz, confiando en comprar la mercadería luego a precios que incluían las retenciones.

Un costo fiscal millonario y pocas soluciones

El saldo final evidencia un costo oculto para el Estado: 1.500 millones de dólares que podrían haber ingresado al Tesoro quedaron en manos de un puñado de empresas. Aunque el Gobierno podría aplicar la Ley Martínez Raymonda para revisar las DJVE y exigir que solo se consideren válidas las operaciones respaldadas por granos realmente comprados, por ahora no hay señales de que Milei o Caputo vayan a hacerlo.

Así, lo que se presentó como una medida para oxigenar las reservas del Banco Central terminó transformándose en un "picnic financiero" para las cerealeras, mientras los productores y el Estado quedaron al margen de las ganancias generadas por la propia producción argentina.