Represas: el Gobierno revelará las empresas interesadas y proyecta nuevas privatizaciones

El Gobierno se prepara para dar un paso clave en su plan de privatizaciones energéticas, con miras a recaudar cientos de millones de dólares y expandir la concesión de hidroeléctricas en todo el país.

Empresas en carrera por las represas del Comahue

Tras meses de postergaciones, este viernes se anunciarán las compañías interesadas en operar durante 30 años las cuatro represas del Comahue: Alicurá; El Chocón-Arroyito; Piedra del Águila y Cerros Colorados. Juntas representan alrededor del 15% de la generación eléctrica nacional.

Se espera que el proceso licitatorio, iniciado en agosto, genere ingresos por entre US$500 y US$700 millones. Las actuales operadoras -AES Argentina, Enel, Central Puerto y Orazul- deberán garantizar el funcionamiento de las centrales hasta que los nuevos concesionarios asuman el control.

Entre los interesados también se mencionan Pampa Energía, Genneia, Edison Energía y Aluar. Según fuentes oficiales, se recibieron más de 300 consultas por los pliegos y se proyectan unas 10 ofertas formales.

Proceso de revisión y adjudicación

Una vez conocidos los oferentes, la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas, del Ministerio de Economía, analizará toda la documentación y antecedentes. Luego se abrirán las ofertas económicas, que incluyen un canon a las provincias de Neuquén y Río Negro por el uso del agua.

Se estima que los nuevos operadores asumirán la gestión de las represas hacia fines de este año o comienzos de 2026.

Próxima etapa: otras siete represas en la mira

Mientras se define la reprivatización del Comahue, el Gobierno ya avanzó con los procedimientos para otras siete centrales: Futaleufú, Cabra Corral, El Tunal, Ullum, El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo. Los contratos de estas usinas vencerán entre finales de 2025 y mediados de 2026.

Enarsa, la firma estatal que supervisa estas concesiones, realizó una audiencia pública para contratar una auditoría técnica que evalúe el estado de las maquinarias y las inversiones necesarias para garantizar la operación antes de la reprivatización.

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