Renunció el juez Marcelo Bailaque, acusado de proteger narcos y extorsionar a empresarios
Estaba a un paso de ser destituido por el Consejo de la Magistratura. Enfrenta múltiples imputaciones por corrupción en Rosario.
El juez federal Marcelo Bailaque presentó este miércoles su renuncia al cargo, en medio de un escándalo judicial que lo involucra en delitos graves como extorsión, narcotráfico, prevaricato y abuso de autoridad. El magistrado, que estaba al frente del Juzgado Federal N°4 de Rosario, ya había sido citado a declarar por el Consejo de la Magistratura y enfrentaba un inminente juicio político.
La renuncia fue elevada al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien deberá remitirla al presidente Javier Milei, encargado de aceptar o rechazar la dimisión. Bailaque estaba detenido con prisión domiciliaria y buscaba evitar ser destituido oficialmente del Poder Judicial.
Acusaciones por vínculos con el narco y maniobras corruptas
Bailaque es investigado por maniobras dilatorias en favor del capo narco Esteban Alvarado y su exesposa Rosa Natalí Capuano. También enfrenta imputaciones por armar causas falsas contra dos financistas para exigirles coimas, con el testimonio de un arrepentido clave: Carlos Vaudagna, extitular de ARCA en Rosario y Santa Fe.
La Cámara Federal de Casación Penal ya había determinado que el caso fuera investigado bajo el nuevo sistema penal acusatorio, pero la defensa del juez había intentado frenar el proceso apelando al viejo código procesal.
El Consejo de la Magistratura ya había avalado su destitución
A fines de mayo, el Consejo de la Magistratura emitió un dictamen lapidario: "El magistrado Bailaque incurrió en comportamientos incompatibles con la ética, la transparencia y la objetividad exigidas por la Constitución Nacional". Estaba citado a declarar el próximo 17 de junio, pero su renuncia busca evitar el proceso de destitución formal.
Mientras tanto, el fiscal Diego Velasco, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), había solicitado su detención preventiva por considerar que existían riesgos de entorpecimiento de la investigación.