El Registro Nacional de Armas (RENAR) oficializó esta semana la Resolución 17/2025, que actualiza los procedimientos de control y registro de armas y usuarios de las Fuerzas de Seguridad, Policiales, Penitenciarias y Armadas de Argentina.

La medida apunta a ordenar el sistema de altas y bajas de material institucional y a garantizar que solo personal autorizado y evaluado correctamente pueda acceder a la tenencia o portación de armas de fuego. Esta acción sigue a la restitución del RENAR en julio, tras haber sido disuelto hace alrededor de diez años.

Obligaciones para fuerzas activas y retiradas

La resolución establece que tanto personal en actividad como retirado de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal, Fuerzas Armadas y sus equivalentes provinciales y porteños, deben mantener actualizados sus registros ante el RENAR.

Se enfatiza la evaluación de antecedentes personales, profesionales y condiciones psicofísicas. Además, las instituciones deberán informar periódicamente el estado de revista y la situación disciplinaria y patrimonial de sus miembros. El incumplimiento de estas obligaciones acarreará responsabilidades administrativas para los funcionarios responsables.

Plazos y procedimientos para la actualización

Los agentes tendrán 60 días corridos desde la publicación oficial para inscribirse electrónicamente en el portal del RENAR, declarando su pertenencia institucional, domicilios y datos de contacto. Paralelamente, las fuerzas deberán informar en un plazo de 90 días el estado psicofísico y situación de revista de quienes poseen armas o tramitan permisos de portación.

El decreto también aclara que quienes hayan sido exonerados o dados de baja por cuestiones disciplinarias perderán automáticamente la condición de legítimo usuario, debiendo ajustar sus acciones a la nueva normativa.

Contexto normativo

La Resolución 17/2025 complementa los cambios introducidos por el Decreto 409/2025, que ya había modificado los procedimientos de tenencia y portación de armas de fuego en las fuerzas de seguridad nacionales, afectando tanto al personal activo como al retirado. Con estas medidas, el Gobierno busca reforzar la seguridad y el control sobre el uso de armas en todo el país.