Cambios en el cálculo que reducen la indemnización

La reforma laboral que impulsa el oficialismo encendió señales de alerta entre especialistas en derecho laboral. Según los análisis técnicos, las indemnizaciones por despido sin justa causa podrían disminuir hasta un 44% si el proyecto se aprueba tal como está redactado.

Si bien la iniciativa mantiene como referencia la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año trabajado, introduce exclusiones clave. Quedan afuera del cálculo conceptos como el aguinaldo, horas extras, remuneraciones extraordinarias, vacaciones no gozadas y beneficios como vales alimentarios, conectividad o equipamiento, considerados no remunerativos.

Tope de años y límite al monto total

Uno de los puntos más cuestionados es la imposición de un tope máximo de 10 sueldos para el cálculo de la indemnización total. Esto implica que, aunque un trabajador tenga 15 o 20 años de antigüedad, solo cobrará el equivalente a 10 meses de salario.

De esta manera, los años excedentes no generan ningún reconocimiento económico, lo que -según advierten especialistas- facilita la renovación de plantillas a menor costo, incluso en trabajadores próximos a la edad jubilatoria. Actualmente, la ley vigente establece un sueldo por cada año trabajado, sin límite máximo.

Intereses limitados y pagos en cuotas

Otro cambio relevante aparece en el esquema de intereses y forma de pago. La reforma propone limitar las actualizaciones judiciales a la inflación más un 3% anual, eliminando el uso de tasas bancarias que hoy incrementan los montos en juicios prolongados.

Además, el empleador quedaría habilitado a pagar la indemnización en hasta 12 cuotas mensuales, cuando hoy la normativa exige el pago completo en un solo depósito dentro de los cuatro días hábiles posteriores al despido.

Un impacto directo sobre el trabajador

En la práctica, estos cambios representan una reducción nominal cercana al 44% del capital indemnizatorio, a lo que se suma la pérdida de poder adquisitivo por el pago en cuotas y la baja tasa de interés aplicada.

Aunque el proyecto es presentado como una "modernización" del sistema laboral, abogados y analistas sostienen que esconde un empeoramiento de las condiciones laborales, trasladando el beneficio económico principalmente a las empresas y reduciendo la protección del trabajador frente al despido.