Mirta Giménez desafía al poder judicial tucumano tras el suicidio de su hija Karla Robles, quien según su versión había realizado seis denuncias por violencia de género sin recibir protección efectiva. La mujer presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para revertir el archivo de su pedido de juicio político contra el Ministro Fiscal, Edmundo "Pirincho" Jiménez. Según la presentación, la resolución legislativa vulnera derechos fundamentales y consolida lo que califica como un "esquema de impunidad" que protege a los funcionarios más poderosos de la provincia.

Alegatos de la madre de Karla Robles

El escrito, patrocinado por la abogada Patricia Neme, cuestiona la Resolución N° 627 del 5 de diciembre de 2025, mediante la cual la Comisión de Juicio Político rechazó el pedido sin permitir la producción de pruebas. Giménez sostiene que los legisladores limitaron su evaluación a un resumen superficial de las denuncias, ignorando el "núcleo de la denuncia" que apunta a supuestas manipulaciones políticas y personales del Ministro Fiscal.

La madre de Karla solicita que la Corte declare inconstitucionales los artículos que otorgan irrecurribilidad a las decisiones de la Legislatura (artículo 25 de la Ley 8.198 y artículo 51 del Código Procesal Constitucional), argumentando que este blindaje procesal "fortalece la corrupción" y contradice tratados internacionales de derechos humanos.

Recusación y pedido de imparcialidad

Giménez recusa a la vocal de la Corte Eleonora Rodríguez Campos por parentesco con Jiménez, alegando un riesgo real de parcialidad. La demandante enfatiza que la garantía de imparcialidad es un derecho humano fundamental y no puede ser soslayada por formalismos procesales.

Contexto de negligencia y corrupción denunciado

El amparo también documenta casos previos de femicidio, como los de Paola Tacacho y Roxana Teves, y describe una red de nepotismo y censura mediática vinculada al Ministerio Público Fiscal. Según la madre, la desidia de Jiménez contribuyó directamente al trágico desenlace de su hija, al no garantizar medidas efectivas pese a las múltiples denuncias.

Finalmente, Giménez solicita que la Corte ordene a la Comisión de Juicio Político reconsiderar su decisión, incorporando todas las pruebas previamente descartadas, y advierte que, de no encontrar justicia en la provincia, su lucha se trasladará a la Corte Suprema de la Nación.