El Ministerio Fiscal logró la restitución efectiva de una vivienda ubicada en el barrio Las Palmeras, en el departamento Cruz Alta, Tucumán, luego de comprobarse una ocupación ilegítima que obligó a una familia a abandonar su hogar.

La intervención estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por el fiscal Diego López Ávila, con actuación de la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma.

La investigación se inició a partir de una denuncia que advertía que una mujer habría ingresado sin autorización a una vivienda habitada, aprovechando una situación de vulnerabilidad personal de su entonces pareja. Como consecuencia, el damnificado debió retirarse del domicilio junto a su concubina y su hija menor, quedando privados del uso y goce del inmueble.

Según pudo reconstruir la fiscalía, la vivienda había sido adquirida recientemente para que residiera allí una joven familia, que se instaló de manera pacífica el mismo día de la compra. Sin embargo, semanas después y en horas de la noche, la mujer ingresó al domicilio sin consentimiento mientras el hombre se encontraba dentro de una de las habitaciones.

Al no ser advertida en un primer momento, decidió permanecer en el inmueble contra la voluntad de quien ejercía la posesión legítima. Ante el riesgo de que la situación derivara en un conflicto mayor, el damnificado optó por retirarse del lugar junto a su pareja y su hija pequeña.

Desde ese momento, la familia no pudo regresar a la vivienda y se vio obligada a reorganizar su vida mientras avanzaba la causa judicial, permaneciendo la mujer instalada en el inmueble hasta la intervención de la Justicia.

Tras la audiencia correspondiente, el juzgado dio por formalizada la investigación penal preparatoria y avaló la teoría del caso presentada por el Ministerio Fiscal. Como resultado, se ordenó la restitución del inmueble, medida que ya fue efectivizada, permitiendo que la vivienda vuelva a manos de quien ejercía su posesión legítima.

En relación con la persona imputada, el magistrado dispuso la aplicación de medidas de menor intensidad. Entre ellas, el compromiso de someterse al proceso judicial, fijar domicilio, concurrir a todas las citaciones y abstenerse de realizar cualquier acción que entorpezca la investigación.

Además, se estableció una prohibición de acercamiento al inmueble y se dejó expresamente asentado que deberá respetarse el normal desarrollo del trámite judicial.