En un nuevo golpe a la salud pública en Argentina, el Ministerio de Salud oficializó el despido de un 40% de los empleados de la Dirección de Respuesta al VIH, Hepatitis y Tuberculosis. Este recorte también alcanzó al 30% del personal de la Dirección de Vacunas, sumando alrededor de 1.400 contratos desvinculados en total. La medida forma parte de una "reestructuración" anunciada en enero, pero ha generado gran preocupación en diversos sectores de la salud debido a la relevancia de los trabajadores afectados, que jugaban un papel clave en el tratamiento y prevención de enfermedades críticas.

Impacto directo en la atención y prevención del VIH

El despido masivo de profesionales con amplia experiencia ha provocado incertidumbre sobre la capacidad del sistema de salud para enfrentar los desafíos de enfermedades como el VIH, Hepatitis y Tuberculosis. Estos profesionales no solo distribuyen tratamientos y medicamentos esenciales, sino que también desarrollan políticas de prevención, coordinaron estudios y monitorean la situación de las poblaciones más vulnerables.

El Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis ha manifestado su preocupación, asegurando que esta decisión representa un retroceso significativo en la lucha contra estas enfermedades. En un momento de aumento en los diagnósticos, la falta de personal capacitado podría dificultar la atención a quienes más lo necesitan, poniendo en riesgo la eficacia de las políticas públicas previas.

Debate sobre la ley 27.675 y descentralización de recursos

El recorte también trae consigo una discusión sobre la Ley 27.675, que establece la obligación del Gobierno de garantizar el acceso a medicamentos y tratamientos para toda la población. La decisión de delegar estas responsabilidades a las provincias genera inquietud, ya que podría desajustar la distribución de los recursos y poner en peligro la equidad en el acceso a los tratamientos.

Criticando esta descentralización, algunos expertos advierten que podría aumentar el déficit fiscal y dificultar la distribución de insumos, afectando a los pacientes más vulnerables. De esta manera, se teme que la salud pública se vea aún más comprometida, con consecuencias serias para quienes dependen de estos tratamientos vitales.