La Plaza Independencia fue escenario este martes de una protesta que pone el foco en la vulnerabilidad de la educación especial en la provincia. Docentes de apoyo a la inclusión, identificados bajo el código 399 -Maestros de Apoyo a la Inclusión (MAI) que acompañan a niños con necesidades educativas especiales-, junto a padres y familiares, se concentraron para exigir una audiencia urgente con la ministra de Educación, Susana Montaldo.

El objetivo principal es frenar la implementación de una nueva resolución ministerial que, según denuncian, desarticula la figura del docente de apoyo directo dentro de las aulas tucumanas.

Un cambio de modelo que genera rechazo

La polémica se desató luego de que el Ministerio emitiera una normativa que disuelve el esquema de atención individualizada para pasar a una modalidad de "trabajos en grupo".

Para Gabriela Dávila, ex coordinadora de Educación Especial y referente del reclamo, este cambio es un retroceso pedagógico crítico. "Lo que hace esta resolución es quitar la atención personalizada que cada niño o adolescente con discapacidad necesita para su trayectoria escolar", explicaron desde la movilización.

Los docentes sostienen que el acompañamiento uno a uno es fundamental para garantizar una verdadera inclusión y que la nueva propuesta diluye la responsabilidad del Estado en el aula.

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El pedido de los docentes y la incertidumbre en las aulas

El reclamo no solo apunta a la calidad educativa, sino también a la estabilidad de los cargos de los profesionales que hoy cumplen esa función. Los manifestantes advirtieron que, de no mediar un cambio en la decisión de la cartera educativa, se perderán puestos de trabajo específicos y, lo más grave, cientos de alumnos quedarán sin el soporte técnico-pedagógico que hoy les permite asistir a escuelas comunes. 

"No queremos que se quiten los cargos de inclusión", fue el grito unánime frente a la gobernación, mientras esperan que Montaldo dé marcha atrás con una medida que consideran excluyente.