Recientemente, el Gobierno anunció una Resolución que afecta a los beneficiarios de sistemas de salud prepagos y obras sociales. Según las autoridades, esta medida permitirá una gestión más clara y eficiente del acceso a la atención médica. Sin embargo, médicos y legisladores critican la resolución, sosteniendo que solo favorece a las empresas de salud, dejando a los usuarios en una posición vulnerable.

Detalles de la Resolución

La Resolución 3934/24 establece que, para acceder a cualquier medicamento o práctica médica, será necesario que sean prescritos por un médico que esté en la cartilla de la obra social o prepaga. En los planes abiertos, los beneficiarios pueden elegir entre prestadores de cartilla o externos, mientras que en los planes cerrados deben atenderse exclusivamente con prestadores de la cartilla.

Graciela Ocaña, legisladora porteña y exdirectora ejecutiva de PAMI, señala que muchos médicos abandonaron las cartillas debido a los bajos honorarios, lo que obliga a los pacientes a pagar por consultas. La nueva medida restringe aún más la capacidad de los usuarios para acceder a medicamentos recetados por médicos de confianza.

La médica psiquiatra Jimena Worcel también critica la resolución, indicando que perjudica completamente a los pacientes al ignorar su necesidad de atención médica de confianza y privada.

Una de las principales preocupaciones entre los afiliados es el acceso a medicamentos cuando los médicos de cartilla tienen demoras significativas para otorgar turnos. Hugo Magonza, presidente de la UAS, menciona que las entidades están implementando soluciones como recetas prolongadas y consultorios de atención espontánea para resolver situaciones urgentes.

Justificación del Gobierno

Desde la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), se argumenta que la medida busca ordenar la prescripción médica, dado el alto número de recetas de médicos que no son especialistas en las patologías tratadas. Sin embargo, esta postura generó cuestionamientos. Carlos Javier Regazzoni, exdirector ejecutivo de PAMI, plantea un caso crítico sobre la validez de recetas emitidas por médicos de hospitales públicos que no están en la cartilla.