Los gremios denuncian un "ajuste replicado" del modelo nacional en los salarios provinciales. En los dos distritos clave de la Región Centro, la tensión alcanzó su punto máximo este miércoles 18 de marzo:

• Córdoba: El gobernador Martín Llaryora enfrenta un paro de 48 horas (miércoles y jueves) convocado por la UEPC. El gremio rechazó un aumento del 5% argumentando que la inflación y la pérdida de poder adquisitivo superan ampliamente la oferta. Desde el "Panal" advierten que descontarán los días de huelga, lo que representaría una quita del 15% en los haberes de quienes se sumen a la medida.

• Santa Fe: En la provincia de Maximiliano Pullaro, el gremio AMSAFE anunció el regreso de la Carpa Blanca tras 27 años. La protesta comenzará este viernes 20 en Reconquista y recorrerá los 19 departamentos. Denuncian una pérdida salarial del 33% y califican las ofertas oficiales como "extorsivas".

El "NO" de Catamarca y Jujuy

En el NOA, los gobernadores que han mostrado cercanía con el Ejecutivo Nacional también enfrentan rechazos:

• Catamarca: Raúl Jalil propuso elevar el mínimo a $850.000, pero los gremios exigen $1.300.000. "No llegamos a fin de mes", sentenció Viviana Quiroga (ATECA).

• Jujuy: Bajo la gestión de Carlos Sadir, el CEDEMS calificó de "insuficiente" el 10% de aumento ofrecido y evalúa medidas de fuerza inmediatas si no hay una oferta superadora.

La Patagonia en alerta: Río Negro y Santa Cruz

El sur del país, aliado estratégico en la agenda energética de Milei, no escapa a la crisis educativa:

• Río Negro: Tras 9 horas de reunión, UNTER rechazó la propuesta de Alberto Weretilneck y ratificó un paro para este jueves 19.

• Santa Cruz: Claudio Vidal enfrenta un frente sindical unido que rechaza la "Ley de Emergencia Económica". Los gremios acusan al gobernador de intentar congelar salarios con "pauta cero" en lo que va del año.

San Juan: Sumas "en negro" bajo la lupa

En la provincia de Marcelo Orrego, el conflicto gira en torno a la composición del salario. El gobierno ofreció un bono de $100.000 no remunerativo, lo que generó el rechazo de UDA. Los gremios denuncian que estas sumas "en negro" vacían las cajas jubilatorias y las obras sociales.