Protocolo antipiquete: los puntos de la medida propuesta por Bullrich
La ministra de Seguridad anunció que todas las fuerzas federales van a intervenir frente a "piquetes, cortes o bloqueos" para garantizar la aplicación del protocolo.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un nuevo protocolo antipiquetes durante una conferencia de prensa, destacando la necesidad de cumplir plenamente con la ley en relación con los cortes en calles y rutas en Argentina. "La ley no se cumple a medias; se cumple o no se cumple", dijo. Entre los puntos clave del protocolo se encuentran los siguientes:
No más vías alternativas durante los cortes: se anunció la eliminación de considerar vías alternativas durante los cortes, enfatizando que si se bloquea la vía principal, esta será liberada. Bullrich destacó que el propósito del protocolo es cumplir la ley y que el Gobierno priorizará "cuidar a quienes nos cuidan", implementando un protocolo que proteja a las fuerzas federales en su actuación.
Intervención de las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal: se estableció la participación de las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal en respuesta a cortes, piquetes y bloqueos, ya sean parciales o totales. Bullrich subrayó que podrán intervenir de acuerdo con los códigos procesales vigentes cuando haya delito infraganti.
Registro de organizaciones participantes en cortes: se anunció la creación de un registro de las organizaciones que participen en cortes, identificando a los autores, cómplices e instigadores de estos delitos, así como a los vehículos y conductores registrados. Se derogó el "protocolo garantista" de Nilda Garré.
Sanción a quienes lleven niños y adolescentes a movilizaciones: en caso de participación de niños y adolescentes, se dará aviso a la autoridad competente de protección de los mismos, y se impondrán sanciones a aquellos que lleven niños a manifestaciones cuando deberían estar en la escuelas.
Cobro a organizaciones por el uso de la fuerza de seguridad: se indicó que las organizaciones o individuos responsables de cortes recibirán la factura por los costos de los operativos de seguridad, ya que el Estado no asumirá estos costos. Se enviará información a Migraciones en caso de extranjeros involucrados.
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