Desde principios de diciembre, Tucumán atraviesa un clima de creciente tensión social, marcado por el conflicto entre la Policía provincial y trabajadores bancarios. La situación se desarrolla en un contexto de incertidumbre política, atravesado por el debate nacional sobre la reforma laboral y el alineamiento del gobernador Osvaldo Jaldo con el Gobierno nacional, factores que profundizan el malestar social en la provincia.

El origen del reclamo y la represión

El conflicto se inició tras denuncias laborales de empleados del Banco Patagonia, que se manifestaban pacíficamente frente a una sucursal en Concepción. Durante una de esas protestas, un operativo policial avanzó sobre los manifestantes y derivó en una represión violenta contra trabajadores y delegados sindicales, pese a que no había cortes de tránsito ni incidentes previos, lo que motivó denuncias por uso excesivo de la fuerza.

Denuncias de persecución y falta de respuestas

Según explicó a El Destape Cecilia Sánchez Blas, subsecretaria de La Bancaria en Tucumán, el conflicto comenzó tras el despido injustificado de Juan Pablo Nastar, ocurrido el 5 de diciembre. A esto se sumaron denuncias por maltrato laboral, amenazas de despido y persecución sindical, con señalamientos directos hacia la gerenta María José Mansilla. Blas aseguró que, más allá de inspecciones de la Secretaría de Trabajo de Concepción, no hubo respuestas de fondo y el trabajador despedido no fue reincorporado.

Violencia institucional y repercusiones políticas

El episodio se inscribe en un escenario más amplio de violencia institucional, señalado por informes como el de la Comisión Provincial por la Memoria, que advierte un aumento de la represión policial en protestas sociales. En Tucumán, el caso generó repudios de legisladores como José Cano, Silvia Elías de Pérez y Hugo Ledesma, quienes alertaron que el accionar policial vulneró derechos constitucionales básicos y exigieron explicaciones al área de Seguridad.

Reforma laboral y un clima de conflictividad creciente

El conflicto bancario se da mientras sindicatos y organizaciones sociales se movilizan contra la reforma laboral, que plantea recortes a derechos como la representación sindical y la negociación colectiva. En ese marco, la represión de protestas pacíficas aparece como parte de un patrón de endurecimiento estatal frente al conflicto social, más aún luego de que el gobernador Osvaldo Jaldo anticipara que acompañará la reforma laboral con sus legisladores, profundizando la tensión política y social en la provincia.