Protesta de jubilados en el Congreso contra el veto de Milei a la ley de aumentos
Reclaman mejoras en los haberes y rechazan el decreto que anuló los incrementos aprobados por el Congreso.
En el centro de la Ciudad de Buenos Aires, jubilados volvieron a concentrarse frente al Congreso para exigir un aumento en sus haberes y manifestarse contra el veto que el presidente Javier Milei aplicó a la ley aprobada por ambas cámaras.
La jornada incluyó un amplio despliegue policial, con presencia de Gendarmería, Policía Federal y Policía de la Ciudad en las calles aledañas. Aunque esta vez el perímetro del Congreso no estuvo completamente vallado, sí se instalaron cordones para evitar que la protesta se desplace y corte el tránsito.
Durante el operativo, una persona fue detenida tras un cruce con efectivos. Además, la estación Congreso de la Línea A del subte permaneció cerrada y el tránsito estuvo interrumpido en la zona.
Voces desde la manifestación
En un móvil televisivo, un jubilado de 88 años relató entre lágrimas que a veces no tiene para comer y que, cuando lo hace, suele ser solo una vez al día. "Es un bestia", dijo sobre Milei, acusándolo de no cuidar a los jubilados y de obligarlos a depender de la ayuda de terceros para alimentos y medicamentos.
Otra manifestante señaló: "Con este Gobierno no se vive, se sobrevive". Explicó que, aunque cuenta con una jubilación mínima, una pensión y un departamento propio, los gastos fijos como expensas siguen dificultando su economía.
El trasfondo del conflicto
El 10 de julio, el Congreso aprobó tres leyes que contemplaban un aumento real del 7,2% en jubilaciones y pensiones, la suba del bono previsional de 70.000 a 110.000 pesos con actualización por inflación, y la reincorporación de la moratoria previsional por dos años. También incluían la declaración de emergencia en discapacidad.
El lunes pasado, Milei vetó en su totalidad esas normas mediante el Decreto 534/2025, argumentando que no tenían financiamiento y que el trámite legislativo tuvo "graves irregularidades". Según el Gobierno, la medida implicaba un gasto adicional del 1,68% del PBI y se aprobó en un contexto de "presión electoral" de cara a las legislativas de octubre.