Protesta y tensión en la sede de la ANDIS

Un grupo de manifestantes ingresó por la fuerza este jueves a las oficinas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ubicadas sobre la avenida Cabildo al 3000, en el barrio porteño de Belgrano. Reclaman el fin de los recortes en el área, mejoras salariales y el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya aplicación fue suspendida por el Gobierno.

La movilización, encabezada por trabajadores, profesionales de la salud, pacientes y familiares de personas con discapacidad, comenzó frente al edificio y escaló rápidamente. Los manifestantes rompieron el vallado y la puerta principal para exigir una reunión con las autoridades del organismo.

Reunión con Vilches y rechazo del petitorio

Dentro del edificio, los manifestantes fueron recibidos por el interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, aunque el diálogo duró poco. Según relataron luego ante la prensa, el funcionario se negó a recibir el petitorio con sus exigencias.

La actriz Valentina Bassi, presente en la protesta, expresó su malestar tras el encuentro: "Que no acepte el petitorio es un montón, un destrato; es un maltrato. Estamos recansados ya, por eso entramos", dijo.

Los reclamos incluyen la actualización de aranceles para prestadores, la regularización de pagos atrasados, la reforma del sistema de pensiones no contributivas y el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad.

Contexto político y judicial del conflicto

El conflicto ocurre en medio de una creciente tensión política y judicial por la gestión de la ANDIS. Hace un mes, el Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad pero suspendió su aplicación hasta contar con el presupuesto correspondiente. La medida, firmada por Javier Milei y Guillermo Francos, fue justificada por "falta de financiamiento específico".

La decisión generó el rechazo de asociaciones civiles y bloques opositores, que ahora impulsan en el Congreso un pedido de interpelación contra Francos. Desde el oficialismo, en tanto, argumentan que "no hay recursos suficientes" para aplicar la ley sin comprometer otras áreas del Estado.

Además, el organismo sigue bajo la lupa judicial por presuntas irregularidades en contrataciones durante la gestión de Diego Spagnuolo, desplazado y actualmente investigado por la Justicia.