Una herramienta que nació como excepción y se volvió regla

Lo que comenzó en 2021 como una respuesta urgente a la crisis sanitaria por el Covid-19 hoy se ha consolidado como un mecanismo habitual en el Ministerio de Educación de Tucumán, a cargo de Susana Montaldo.

La disposición permite a la cartera realizar contrataciones directas de bienes y servicios sin los procesos licitatorios tradicionales, con el objetivo original de garantizar un regreso seguro a las clases presenciales.

La nueva prórroga

Mediante el decreto N.º 2007/1, firmado el 18 de julio y publicado días atrás en el Boletín Oficial, el gobernador Osvaldo Jaldo extendió la vigencia de esta medida hasta el 31 de diciembre de 2025.

La norma se basa en el decreto N.º 264/1, emitido el 10 de febrero de 2021, y ha sido renovada de manera consecutiva a través de distintas resoluciones a lo largo de los últimos cuatro años.

Argumentos oficiales

En sus considerandos, el decreto señala que la herramienta sigue siendo "indispensable" para atender contingencias, no solo por el antecedente del Covid-19, sino también por la proliferación de casos de dengue, gripe y otras enfermedades que pueden impactar en el normal funcionamiento del sistema educativo.

"Es necesario garantizar la agilidad en las compras para asegurar la prestación de los servicios educativos en toda la provincia", sostiene el texto oficial.

Un mecanismo bajo la lupa

Desde su creación, la medida ha generado debate sobre la transparencia en las contrataciones públicas. Si bien el Gobierno defiende su utilidad en contextos de urgencia sanitaria, críticos advierten que la reiteración de prórrogas ha convertido una excepción en una práctica habitual.

El decreto fue refrendado por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y el secretario General de la Gobernación, Federico Nazur.

Fuente: Tendencia de Noticias