La jueza federal María Romilda Servini dictó el procesamiento del cabo de Gendarmería Héctor Guerrero, acusado de disparar contra el fotógrafo Pablo Grillo durante una manifestación frente al Congreso Nacional el 12 de marzo pasado.

El agente fue procesado por lesiones gravísimas y abuso de armas agravado por su condición de integrante de una fuerza de seguridad. Según la resolución judicial, Guerrero efectuó seis disparos con una pistola lanzagases, en violación directa de los protocolos de uso de ese tipo de armamento.

Aunque no permanecerá detenido, el gendarme deberá presentarse periódicamente ante la Policía, tiene prohibido salir del país y afronta un embargo de 203 millones de pesos.

"Actuó con dolo eventual", sostuvo la magistrada

De acuerdo con la investigación del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1, Guerrero disparó desde la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís, apuntando de manera horizontal hacia los manifestantes, algo expresamente prohibido por el reglamento de Gendarmería.

Uno de los cartuchos de gas lacrimógeno impactó en la cabeza de Grillo, quien estaba agachado tomando fotografías a unos 50 metros del cordón policial.

En su fallo, Servini señaló que el fotógrafo "no estaba armado, no atacó a las fuerzas de seguridad ni representaba una amenaza", por lo que no existía justificación alguna para el uso del arma. Además, consideró que Guerrero actuó con dolo eventual, es decir, con indiferencia ante la posibilidad de provocar daño grave.

"No existe condición ni circunstancia alguna que justifique apartarse de los manuales y protocolos cuando se manipulan elementos tan peligrosos", subrayó la jueza.

Las secuelas y el impacto del caso

El impacto del proyectil causó heridas gravísimas y secuelas neurológicas en Grillo, quien fue internado de urgencia en el Hospital Ramos Mejía. Permaneció allí varios meses y, aunque recibió el alta en junio, debió ser reinternado en terapia intensiva semanas después por complicaciones.

En agosto, su familia informó que el fotógrafo "no estaba teniendo la evolución esperada" y debía someterse a una nueva cirugía para cerrar una válvula craneal manualmente.

El caso generó una fuerte conmoción pública y reabrió el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones sociales. Diversas organizaciones de derechos humanos acompañaron el reclamo de justicia por Grillo y exigieron una revisión integral de los protocolos de actuación policial.