Casanello amplía el foco y alcanza a las empresas

La causa por el escándalo de los seguros sumó un nuevo capítulo. El juez federal Sebastián Casanello resolvió procesar a la firma Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A., vinculada al broker cercano al expresidente Alberto Fernández, como partícipe necesaria del delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Además, ordenó el embargo de bienes y dinero.

La medida forma parte del segundo tramo de la investigación, que ya tiene procesados al ex mandatario y a Martínez Sosa, y ahora pone la lupa sobre la responsabilidad de las personas jurídicas que habrían sido beneficiadas en el esquema.

El rol clave del ex administrador de Olivos

En la misma resolución, Casanello procesó a Hugo Rodríguez, ex administrador general de la residencia presidencial de Olivos. Según la acusación, habría facilitado encuentros entre Martínez Sosa y Fernández sin registros formales.

Para el juez, Rodríguez actuó como nexo entre el empresario y el entonces presidente, permitiendo ingresos sin asentar y coordinando reuniones que, según la causa, resultaron centrales para sostener el presunto conflicto de interés.

Uno de los episodios señalados ocurrió el 7 de agosto de 2020, cuando Martínez Sosa y su esposa, María Cantero -por entonces secretaria privada del Presidente- ingresaron a Olivos sin quedar asentados y mantuvieron un encuentro en la oficina presidencial. También se mencionan gestiones realizadas en 2022 para influir en la continuidad del ex titular de Nación Seguros, Gustavo García Argibay.

Rodríguez quedó procesado como partícipe secundario por negociaciones incompatibles y como autor por incumplimiento de deberes de funcionario público, con un embargo de $787.997.801,56.

El decreto que abrió la puerta al esquema

El fallo recuerda que el contexto clave fue el decreto 823/2021, firmado por Fernández, que obligaba a todo el sector público a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros S.A.

Según la investigación, ese escenario habría sido aprovechado por funcionarios para direccionar contratos hacia determinados productores y aseguradoras, bajo figuras como asesores, organizadores y "masters", además de sumar coaseguradoras específicas a las pólizas.

En ese marco, la empresa de Martínez Sosa habría percibido comisiones por $416.546.348,81.

Otras aseguradoras procesadas y millonarios beneficios

La resolución también alcanza a otras firmas del sector: Bachellier S.A., San Germán Seguros S.A. y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales.

En el caso de San Cristóbal, los beneficios atribuidos superan los $2.022 millones. El juez sostuvo que estas compañías habrían tolerado conductas irregulares de sus autoridades y no contaban con mecanismos adecuados de control ni programas de integridad (compliance).

Para Casanello, las empresas habrían obtenido beneficios indebidos en perjuicio del Estado, en un esquema donde el vínculo personal entre el poder político y el sector privado fue un factor de riesgo determinante.