Procesaron a la influencer que usó los datos de Jaldo para importar ropa de Miami
Valentina Olguín fue procesada por contrabando simulado tras utilizar la identidad de gobernadores, entre ellos Osvaldo Jaldo, para traer prendas del exterior.
La Justicia Federal resolvió procesar a Valentina Olguín, cantante e influencer de Santiago del Estero, por contrabando simulado. La joven está acusada de haber utilizado el nombre, DNI y domicilio fiscal del gobernador Osvaldo Jaldo para realizar compras en Miami y traer ropa al país. La joven continuará el proceso en libertad. El juez José Manuel Díaz Vélez ordenó además un embargo por $5 millones.
La denuncia fue presentada en noviembre por el propio Jaldo, tras detectar movimientos sospechosos a su nombre. Según explicó, decidió no hacerlo público de inmediato para no entorpecer la investigación.
Gobernadores víctimas de la maniobra
Con el avance de la causa, se descubrió que la influencer también habría utilizado los datos de otros mandatarios: Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Marcelo Orrego (San Juan). Solo Jaldo y Kicillof notaron por su cuenta las irregularidades, gracias a sus conocimientos como contador y economista, respectivamente.
La investigación reveló que la mercadería comprada con estas identidades era enviada a direcciones en Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero. Olguín habría admitido haber obtenido los datos por internet y argumentó que recurrió a esta maniobra tras agotar su propio cupo de importación y el de personas cercanas. También habría creído que usar el nombre de un gobernador evitaría controles aduaneros.
Seguirá en libertad y podría evitar el juicio
La causa seguirá su curso por el caso de Jaldo, mientras que se enviaron copias del expediente a otras jurisdicciones para que evalúen si investigan los otros hechos. Aunque Olguín continuará en libertad, su defensa ya evalúa pedir una probation.
La imputación es por contrabando simulado, delito que prevé entre dos y ocho años de prisión. No se la acusa de haber usado fondos públicos, ya que habría financiado las compras con dinero propio, lo que evita una calificación más grave.