El Gobierno anunció este viernes que privatizará el 100% de las acciones del Estado en la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que actualmente presta servicio a más de 11 millones de personas en el AMBA. La medida, informada por el vocero presidencial Manuel Adorni, contempla una venta en etapas: primero se licitará al menos el 51% del paquete accionario para perder el control estatal, y luego se abrirá una Oferta Pública Inicial (OPI).

Actualmente, el Estado posee el 90% del capital accionario y el 10% restante está en manos de los empleados, que seguirán siendo accionistas. El proceso durará más de un año: la licitación pública nacional e internacional demandará unos 330 días y la OPI se implementará 90 días después.

El Gobierno aseguró que la infraestructura seguirá siendo pública, pero el servicio quedará en manos del sector privado. La regulación estará a cargo de la Comisión Nacional de Valores y se promete un "marco regulatorio fuerte".

Cambios en tarifas y posibilidad de cortes por deuda

Entre los puntos destacados del plan se encuentran:

• Cortes por falta de pago: Aunque el agua es un servicio esencial, AySA ya tiene autorización legal para interrumpirlo en ciertos casos. El nuevo esquema incluiría cláusulas que refuercen esa posibilidad para los futuros concesionarios.

• Ajustes tarifarios trimestrales: El contrato habilitará revisiones regulares. En 2024 AySA subió un 209% sus tarifas en el AMBA; en 2025, el aumento promedió un 1% mensual.

• Financiamiento de obras: Las mejoras de infraestructura podrían ser costeadas por los concesionarios, a través de las boletas, o incluso por provincias, municipios o vecinos.

Impacto laboral y argumentos oficiales

Desde que comenzó el proceso de reorganización, AySA redujo su planta en 200 personas y hoy cuenta con 6.200 empleados. Consultados por un posible ajuste mayor, desde el Ejecutivo indicaron que no se le dirá "al privado qué hacer" con el personal.

Adorni justificó la decisión afirmando que desde su reestatización en 2006, AySA recibió u$s13.400 millones en aportes del Tesoro Nacional. "La privatización permitirá mejorar el precio y la calidad del servicio", sostuvo.