El proyecto de Presupuesto 2026 que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso establece una caída del gasto nacional en educación al 0,75% del PBI, el nivel más bajo en diez años. La medida implica la derogación del artículo 9° de la Ley de Educación Nacional, que garantizaba una inversión mínima del 6% del PBI, y una reducción progresiva de los fondos para ciencia, tecnología y educación técnica.

De acuerdo con el informe "Presupuesto educativo nacional 2026" de Argentinos por la Educación, el gasto educativo nacional perdió más de la mitad de su peso en la economía desde 2015, cuando alcanzaba el 1,59% del PBI. En términos reales, el gasto pasó de $12,9 billones a $6,2 billones en 2025. Aunque el Ejecutivo proyecta una leve mejora del 8% para 2026, la caída estructural se mantiene.

El área educativa perderá participación dentro del gasto total del Estado, pasando del 85% al 81,7% dentro de la función "Educación y Cultura". Además, el proyecto ubica a esta función en el 5,3% del Presupuesto total, muy por detrás de Seguridad Social (57%) y Deuda Pública (8,5%).

Universidades, alfabetización y un giro en la política educativa

Las universidades nacionales siguen siendo el principal destino de los fondos educativos, con el 77% del presupuesto total del área, aunque registrarán un aumento real de apenas 0,8%. En contraste, el Plan Nacional de Alfabetización (PNA) crece 78,9% nominal (más de 50% real), concentrando sus recursos en la extensión de la jornada escolar, que absorberá el 82% del total.

Sin embargo, el plan recorta un 97% en acciones complementarias y 25% en formación docente, reflejando un cambio de prioridades que, según especialistas, "privilegia la infraestructura sobre la pedagogía".

El economista Javier Curcio advirtió que "la eliminación del piso del 6% del PBI marca un quiebre histórico: la educación pasa a depender de la discrecionalidad fiscal del Gobierno". Por su parte, Jorge Lo Cascio, docente e investigador de la UBA, señaló que "la fuerte caída en infraestructura y equipamiento profundiza las desigualdades educativas".

Desde el Ejecutivo, en cambio, justificaron el rediseño del presupuesto como parte de un proceso de "eficiencia estructural del sistema educativo", en línea con la meta de equilibrio fiscal que impulsa la gestión libertaria.