El Presupuesto 2026 enviado por el Gobierno al Congreso contempla fondos para universidades nacionales, pero busca derogar la obligación de invertir el 6% del PBI en educación y los topes mínimos en ciencia y tecnología, lo que generó críticas de gremios y rectores.

Universidades recibirían fondos, pero insuficientes

El proyecto oficial asigna $4,8 billones a las universidades nacionales, lejos de los $7,32 billones que calculó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) como necesarios para 2026.

El artículo 30 propone dejar sin efecto la norma que garantiza el 6% del PBI en educación, junto con la inversión mínima de 0,52% del PBI en ciencia y tecnología y 0,2% en educación técnico profesional, incluyendo los institutos de Defensa.

Carlos De Feo, secretario general de la Conadu, advirtió a TN que estas derogaciones "desarticularían de manera permanente el financiamiento estratégico en ciencia, tecnología y Defensa".

Reclamos de docentes y universidades

Para los gremios y las propias casas de estudio, las partidas oficiales profundizan el ajuste. Clara Chevalier, secretaria general de docentes de la UNAJ, señaló: "La situación es inédita. Hay docentes universitarios que hacen delivery para llegar a fin de mes".

En tanto, la UBA comenzó a aplicar un plan de restricción de gastos operativos, que incluye límites en calefacción, aire acondicionado y programas de extensión o investigación, salvo hospitales universitarios.

Costo fiscal y debates legislativos

El vicerrector del CIN, Franco Bartolacci, explicó que la ley de financiamiento universitaria vetada por Milei requería solo 0,14% del PBI, garantizando el funcionamiento normal de las universidades sin comprometer el Estado. Por su parte, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, advirtió que la rebaja de Bienes Personales costó al Gobierno 0,41% del PBI, más que lo destinado a educación universitaria.

El proyecto contempla recomposición salarial escalonada para docentes y no docentes, con un aumento gradual del presupuesto universitario hasta alcanzar 1,5% del PBI en 2031. Tras la aprobación en Diputados, ahora los vetos se discutirán en el Senado, lo que definirá si las leyes de financiamiento quedan plenamente vigentes.