El recorte energético como ancla fiscal

El Presupuesto 2026 mantiene a los subsidios energéticos en el centro del ajuste. Tras 21 meses de aumentos en tarifas, el Ejecutivo planea una focalización más estricta en la asistencia para contener el gasto y asegurar equilibrio fiscal.

Según el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gasto en subsidios a luz y gas pasó de representar el 2,1% del PBI en 2023 al 1,5% en 2024. La proyección oficial es reducirlo al 0,8% en 2026 y al 0,4% en 2027.

Entre enero y julio de este año, el recorte en subsidios superó los USD 2.100 millones respecto al mismo período de 2024. La magnitud del ajuste se refleja en que, mientras en 2022 por la guerra en Ucrania alcanzaron USD 7.914 millones, en 2024 bajaron a USD 4.031 millones.

Impacto en hogares y provincias

El secretario de Minería y Energía, Daniel González, anticipó que el Gobierno analiza eliminar la asistencia al gas en verano y a la electricidad en invierno, lo que genera dudas entre especialistas. El riesgo principal es el efecto en hogares que dependen exclusivamente de la electricidad para calefaccionarse o en familias de ingresos bajos que hoy acceden a tarifas subsidiadas.

Actualmente, el esquema del RASE distingue tres niveles: los usuarios de mayores ingresos pagan tarifa plena, los sectores medios acceden a una cobertura parcial y los de bajos ingresos mantienen la mayor parte de los subsidios. Sin embargo, este invierno el Gobierno decidió subsidiar a todos los usuarios, incluidos los de ingresos altos, decisión que no se repetirá el año próximo.

El ajuste también condiciona a las provincias, que vieron recortada la asistencia nacional en subsidios, aunque compensada con un incremento en transferencias de capital y corrientes. Según el IARAF, entre enero y julio las provincias encabezaron el ranking de aumento en recursos, pero a costa de un recorte del 55% en subsidios energéticos y del 29% en programas sociales.