La reciente designación de Carlos Alberto Presti, actual jefe del Estado Mayor General del Ejército, como ministro de Defensa en reemplazo de Luis Petri, generó preocupación entre organismos de derechos humanos y querellantes en causas por delitos de lesa humanidad.

Pablo Llonto, abogado querellante en estas causas, calificó la situación como una "enorme preocupación" y advirtió que la llegada de Presti podría afectar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

"Le pone sombras a la continuidad democrática, porque simbólicamente es un retroceso", señaló Llonto, que resaltó que Presti es un militar en actividad y aún no se sabe si pasará a disponibilidad o retiro.

Llonto también recordó que el padre de Presti, Roque Presti, fue señalado como represor en el área 113 de La Plata, donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Aunque aclaró que "una cosa es el padre y otra el hijo", destacó que la relación familiar y la posición militar del nuevo ministro generan inquietud sobre la cooperación de Defensa en las investigaciones judiciales.

"Todo lo que venga de Defensa de aquí en adelante respecto a los juicios por delitos de lesa humanidad no va a aportarlo. Antes se contestaban los pedidos judiciales, pero esto genera incertidumbre", advirtió Llonto.

Los organismos de derechos humanos temen que la designación pueda repercutir en la entrega de información, la búsqueda de legajos y la supervisión de convocatorias organizadas por genocidas desde prisión.

La expectativa ahora se centra en conocer las decisiones y declaraciones de Presti sobre estas políticas y su postura frente a los juicios que buscan justicia por los crímenes de la dictadura cívico-militar.

 Impacto en las causas por delitos de lesa humanidad

Expertos alertan que la posición de Presti puede influir en la cooperación del Ministerio de Defensa con los tribunales y en la preservación de información clave para las investigaciones.

Preocupación por antecedentes familiares y simbólicos

El hecho de que Presti sea hijo de un represor histórico refuerza la inquietud de organismos de derechos humanos, que ven en su nombramiento un posible retroceso simbólico y práctico en la política de Memoria, Verdad y Justicia.