El Gobierno nacional puso en marcha por primera vez la Ley Antimafias en la ciudad de Rosario, una medida inédita en el país que busca frenar el avance del crimen organizado. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y responde al nivel de violencia, el control territorial de bandas y la reiteración de delitos como narcotráfico, extorsión, lavado de dinero y trata de personas.

Qué permite la Ley Antimafias: penas más duras y más poder para investigar

La Ley 27.786, sancionada en marzo y vigente desde mayo, fue pensada para enfrentar estructuras mafiosas. Entre sus principales herramientas incluye:

• Allanamientos masivos

• Intervenciones telefónicas y digitales encadenadas

• Decomiso anticipado de bienes

• Penas agravadas para todos los miembros de la banda, considerados coautores

• Eliminación de las reglas tradicionales de participación en delitos

Esto significa que cualquier integrante de una organización criminal puede recibir la pena correspondiente al delito más grave cometido por el grupo, duplicando en algunos casos las condenas previstas en el Código Penal.

El Ministerio de Seguridad eligió Rosario por cumplir con los criterios definidos en la ley: reiteración de delitos graves, intimidación social, control territorial por parte de bandas criminales y una escalada de violencia que no da tregua.

El pedido fue elevado a la Justicia Federal para que intensifique las investigaciones sobre redes delictivas activas en distintos barrios de la ciudad.

La ministra Patricia Bullrich había anticipado que no se aplicaría en todo el país, sino en lugares específicos donde el crimen organizado impone condiciones. Rosario, epicentro de la disputa narco, es el primer caso.