Un nuevo escándalo sacude a la Policía de Tucumán. Este martes, cuatro personas fueron detenidas en El Cadillal, entre ellas dos efectivos policiales que, según la investigación, tenían a dos presos trabajando en una vivienda privada.

El operativo fue encabezado por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, junto al jefe de Policía, comisario general Joaquín Girvau, y el subjefe Roque Yñigo, en el marco de una investigación interna impulsada por el Ministerio y la Jefatura.

Las denuncias anónimas fueron el punto de partida de una pesquisa reservada que terminó confirmando las sospechas. Los dos presos, que debían estar alojados en la Comisaría de Chuscha, fueron hallados cumpliendo tareas fuera de la dependencia, acompañados por los efectivos ahora bajo investigación.

Cuatro detenidos y policías pasados a disponibilidad

El resultado del operativo fue la detención de cuatro personas: los dos detenidos y los dos policías que los trasladaron sin autorización. Ambos efectivos fueron puestos a disponibilidad de manera inmediata, mientras se avanzan con las medidas administrativas y judiciales correspondientes.

"Este tipo de hechos no se tolerará dentro de la institución", remarcaron fuentes del Ministerio de Seguridad.

Firme decisión del Gobierno provincial

El gobernador Osvaldo Jaldo tomó una postura contundente ante el hecho: dispuso la baja inmediata de los policías involucrados, como parte del proceso de depuración interna que busca erradicar prácticas irregulares dentro de la fuerza.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la investigación continuará para determinar si existen otros implicados o antecedentes similares en otras dependencias.

"Vamos a seguir actuando con firmeza. Quien no cumpla la ley, no puede formar parte de la Policía de Tucumán", expresó una fuente cercana al Ejecutivo.

Un caso que reaviva el debate sobre el control interno

Este episodio vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control dentro de las comisarías y dependencias policiales. La investigación forma parte de un plan de depuración interna que busca recuperar la confianza pública en las instituciones de seguridad.

Mientras tanto, los presos fueron reubicados en otra dependencia para garantizar su custodia y la transparencia del proceso judicial.

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