La investigación por el femicidio de Érika Antonella Álvarez ha dejado al descubierto una presunta red de comercialización de estupefacientes liderada por el principal sospechoso. Nicolás Navarro Flores, imputado por encubrimiento, declaró ante el fiscal Pedro Gallo que Sosa le ofrecía cocaína en grandes cantidades: "Me proponía operaciones por $2 millones", detalló.

Según el testimonio, el día del crimen, Sosa le entregó una "piedra" de cocaína de aproximadamente 200 gramos y una caja de herramientas que contenía sustancias compatibles con LSD o MDMA, drogas vinculadas al ambiente de las fiestas electrónicas. Aunque la fiscalía sostiene que el móvil del crimen no fue narco, la evidencia de comercialización es abrumadora.

El antecedente: 168 plantas de marihuana

No es la primera vez que "El Militar" Sosa queda bajo la lupa por drogas. En 2023, la policía halló en su domicilio un cultivo de 168 plantas de marihuana con tecnología avanzada. Pese a haber sido sobreseído en primera instancia, la fiscalía federal apeló la medida, y estos nuevos testimonios podrían reactivar las causas por narcotráfico en la justicia federal de Tucumán de manera paralela al juicio por femicidio.

Escándalo legal: Denuncian al abogado Gustavo López Peña

La causa sumó una arista ética de gravedad institucional. Navarro Flores denunció que el actual defensor de Sosa, Gustavo López Peña, intentó convencerlo de que abandonara a sus abogados particulares. Según el relato, el letrado le ofreció una estrategia diseñada por Sosa (quien pagaría los honorarios) para lograr su libertad, a cambio de unificar la defensa.

Esta denuncia no es aislada:

• El defensor de Jorge "Chicho" Díaz presentó una acusación similar.

• Los abogados de Justina Gordillo (pareja de Sosa) afirmaron que López Peña contactó a la familia con el mismo fin. La sospecha de los investigadores es que se buscaba "comprar" el silencio de los encubridores para desvincular a Sosa del asesinato de la joven de Yerba Buena.

Avances en la causa del femicidio

Érika Álvarez fue asesinada el 7 de enero en una vivienda de Yerba Buena. Su cuerpo, tras ser trasladado, fue hallado al día siguiente en un descampado de Manantial Sur. Mientras se acumulan las pruebas de la participación de Sosa y sus colaboradores en el traslado del cadáver, el fiscal Gallo analiza abrir una causa por separado para investigar la comercialización de drogas a gran escala que surgió del expediente principal.