La ciudad de Villa Allende, en la provincia de Córdoba, quedó en el centro de la escena tras anunciar que cerrará calles secundarias con portones durante la noche para combatir la inseguridad. La iniciativa, inédita en la provincia, cuenta con aval judicial, pero despertó una fuerte polémica por las denuncias de "segregación" y presunta inconstitucionalidad.

La decisión forma parte de un plan integral impulsado por el municipio y será implementada a partir de los próximos meses en barrios considerados estratégicos por los índices delictivos.

Un fallo judicial que avaló una medida sin antecedentes

El cierre nocturno de calles fue habilitado por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación, que consideró la iniciativa "razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública". De esta manera, la Justicia validó una política que no registra antecedentes similares en Córdoba.

El intendente Pablo Cornet defendió la medida y sostuvo que alrededor del 60% de los robos en la ciudad ocurren durante la noche. "No responde a una decisión política o ideológica, sino a una solución práctica y excepcional frente al incremento de la inseguridad", afirmó el jefe comunal, quien además reveló que también fue víctima de un asalto en su vivienda.

El plan integral incluye, además, la incorporación de cinco móviles de patrullaje, la instalación de 250 cámaras de seguridad, 57 domos policiales, un dron y mejoras en la iluminación urbana.

Cómo funcionarán los portones y las críticas por "segregación"

Según precisó el municipio, los primeros portones se colocarán en los barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar. Funcionarán entre las 22 y las 6, y algunos cerrarán completamente el acceso vehicular, mientras que otros permitirán únicamente el paso peatonal.

En una primera etapa se instalarán 14 portones y, si la experiencia resulta positiva, el esquema podría extenderse a otras zonas como La Cruz, La Amalia, Jardín Epicuro, San Alfonso, El Ceibo y Villa Allende Parque.

Sin embargo, la iniciativa generó un fuerte rechazo en sectores de la oposición y entre algunos vecinos, que presentaron amparos colectivos para frenar la medida. La concejal Marta Banegas cuestionó el enfoque y advirtió que "en lugar de políticas de inclusión se aplican políticas de segregación".

Los detractores del proyecto sostienen que el cierre de calles vulnera derechos como la libre circulación y la igualdad ante la ley, y remarcan la falta de estudios técnicos que prueben la eficacia real de los portones como herramienta contra el delito. Mientras tanto, el debate sigue abierto y promete escalar en el plano político y judicial.