La grave situación ambiental en el barrio Diagonal Norte de Los Pocitos volvió al centro del debate tras las declaraciones del exfiscal federal Gustavo Gómez. Según explicó, la contaminación por PCB -un líquido altamente tóxico presente en transformadores eléctricos- constituye un delito ambiental federal previsto en la ley 24.051, con penas mínimas de hasta tres años de prisión, tanto en su modalidad dolosa como culposa.

Gómez remarcó que, pese a tratarse de un crimen federal, la causa se tramitó en la justicia provincial bajo la carátula de "estrago culposo", lo que -según su visión- minimiza la gravedad del hecho. "La ley es clara: es competencia de la justicia federal. No sé si los fiscales provinciales estaban capacitados en torno a esta ley, pero la causa fue mal encuadrada desde el inicio", advirtió.

Además, recordó que en 2004, cuando se desempeñaba como fiscal, EDET aseguró que no tenía más transformadores con PCB, información que hoy se revela falsa tras el hallazgo de estos dispositivos en barrios densamente poblados como Los Pocitos.

Enfermedades y abandono: "Los más afectados son los niños"

Gómez citó un informe pericial elaborado por el comandante de Gendarmería Esteban Aybar, quien entrevistó a 600 vecinos del barrio Diagonal Norte. El estudio reveló que 43,8% de los entrevistados presenta enfermedades compatibles con la exposición crónica a PCB, entre ellas retraso madurativo, cáncer, diabetes, trastornos del crecimiento y autismo. "Los más afectados son los niños. Acá está pagando la salud de la gente", señaló.

El informe fue presentado en un expediente judicial que, sin embargo, no prosperó y habría sido archivado, en un contexto de falta de fiscalías ambientales en la provincia y escasa voluntad política para investigar. 

"No existe en Tucumán un fiscal ambiental como hay en Neuquén o Jujuy. Es un delito que hace más daño que la droga en términos de salud pública", afirmó Gómez.

Falta de controles y responsabilidad política

En sus declaraciones, el exfiscal cuestionó duramente el rol del Estado provincial y de entes reguladores como el ERSEPT, que deberían controlar a EDET y Transnoa. "¿Quién controla que EDET cumpla con la ley? ERSEPT no puede limitarse a cuestiones burocráticas. Tiene la obligación de verificar el cumplimiento de las normas ambientales", señaló.

Gómez también explicó que los aceites contaminantes deben ser tratados en plantas especializadas, como las que existen en Río Negro o Francia, único país que realiza la neutralización total del PCB. "Claro que hay que pagar una moneda por todo esto, pero acá está pagando la gente con su salud", advirtió.

"Todavía se puede actuar: los vecinos pueden querellar"

Aunque ya no ejerce como fiscal, Gómez aseguró que la causa se puede reabrir si las víctimas se presentan como querellantes. "El sistema judicial avanza cuando hay querellantes. Si algún abogado puede patrocinar a los vecinos, se puede pedir el pase del expediente a la justicia federal", propuso.

También criticó la desarticulación del equipo de delitos ambientales de Gendarmería en Tucumán, lo que obstaculiza aún más las investigaciones. "Hoy, cualquier investigación ambiental depende de la Policía Federal en Buenos Aires", lamentó.

En sus conclusiones, Gómez fue contundente: "Estamos ante un crimen ambiental invisibilizado por la falta de control judicial y estatal. La salud de cientos de personas está en juego".

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